Colectivos por los derechos de niños, niñas y adolescentes reclamaron mayor participación pública y que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta por las autoridades, en un comunicado conjunto emitido con motivo del Día del Niño.


Una mujer y un niño viven en un refugio de madera / Archivo. EFE

En el documento, la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Connats), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), y las organizaciones Mil Solidarios y Somos Pytyvohara, todas ellas representantes de niños y adolescentes organizados de forma autónoma, expusieron las situaciones de vulnerabilidad que los afecta.

Denunciaron la “explotación sexual y laboral, y consumo de drogas” al que se exponen muchos menores indígenas que son “expulsados de sus territorios ancestrales” y se ven obligados a vivir en zonas céntricas de las ciudades.

Criticaron además que “las autoridades lo único que hacen es subirlos (a estos niños indígenas) a camiones para volverlos a llevar al interior del país sin ningún servicio ni garantía para una vida digna”, en un contexto en el que el 76 % de los indígenas padece pobreza extrema, según datos oficiales.

También lamentaron la “zozobra permanente” en que viven los niños y jóvenes campesinos a causa de la fumigación con agrotóxicos y la “persecución de policías, militares y fiscales” para reprimir sus protestas.

A este panorama se unen en el campo, según el comunicado, la falta de acceso a caminos y puestos de salud, la presión sobre sus tierras “para favorecer a ganaderos, sojeros y narcos” y el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos armados.

En las áreas urbanas, las organizaciones pidieron una mayor presencia del Estado y la construcción de una “defensa costera” en las zonas conocidas como Bañados, las áreas ribereñas de la ciudad de Asunción, donde vive un 20 % de la población de la ciudad y que cada año padecen inundaciones que afectan de manera especial a los más jóvenes.

Los colectivos de niños y adolescentes reivindicaron además su derecho al trabajo “que dignifica y desarrolla”, y la lucha por la “erradicación de la explotación laboral”, donde uno de cada cuatro niños y adolescentes de entre 5 y 17 años es económicamente activo, según Unicef.

También solicitaron “políticas públicas de educación integral de la sexualidad”, ante el parto reciente de una niña de 11 años “forzada a ser madre” tras quedar embarazada como producto de una violación, un caso que se suma a las 684 niñas de 10 a 14 años que dieron a luz bebés vivos en 2014 , como resultado de embarazos que a esa edad son considerados fruto de abusos sexuales.

De hecho y según cifras oficiales, más de 400 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en el primer semestre de 2015, por lo que las organizaciones pidieron mayor protección contra diferentes formas de violencia y que en el sistema nacional de protección se privilegie ante todo el interés superior del niño.

Por último, los menores exigieron también que se respete su derecho a la asociación, participación y libre expresión y que no se repriman ni se prohíban las asociaciones estudiantiles, ante las recientes imputaciones judiciales de varios menores que participaron en manifestaciones por la calidad de la enseñanza pública.

EFE