El presidente justificó la decisión de aceptar el traspaso propuesto por la empresa Campos Morombi alegando que si bien LIPSA donó la propiedad al Estado, este perdió las tierras  “por no atender un juicio”.


Lo que el mandatario no sabe (o prefiere no mencionar) es que el juicio de usucapión al que hace referencia no fue por la finca conocida como Marina Cué sino por otro desprendimiento de la Finca Madre N 30, la número 9.

Ganado el litigio y al percatarse del error, el juez Dolores Benítez apeló a una figura jurídica que no existe en el código civil paraguayo “la rectificación de sentencia” cambiando el número de finca reclamada.

“No soy abogado, pero creo que por una cuestión de forma, no de fondo, hicieron un juicio de usucapión y ganaron.  Hay una discusión donde creo que el Estado no tiene toda la fuerza y que han pedido inclusive a la Virgen de Caacupé que me ilumine. Yo pido que la Virgen de Caacupé ilumine a quienes demandaron esa ley, porque hacen parte, esa luz de la Virgen nos llegue a todos: al Ejecutivo, al Legislativo y lo que voy hacer es no vetar, no firmar, simplemente voy a aceptar la ley”, señaló máximo responsable del Ejecutivo.

“Hemos perdido un juicio por no atender, y hoy la ley nos dice que es del Estado; y si hay un título y es del Estado, como algunos opinan, yo sigo esperando que me envíen el título, cuál es el número de finca y todo eso, porque no se ha inscripto nunca”.

Si bien es cierto que el Estado jamás inscribió la finca y no tiene el título correspondiente, tampoco lo tiene Campos Morombí, quien incluso utilizó un documento correspondiente a otra propiedad cuando solicitó el desalojo que terminó en Masacre.

Con la decisión, el presidente “blanquea” aquel procedimiento y condiciona el juicio contra los acusados por la Masacre.

¿Cómo podría ahora el Tribunal que juzga el caso absolver a los acusados del delito de invasión de inmueble ajeno?

El traspaso

Horacio Cartes, resolvió no objetar el Proyecto de Ley Nº 5530/2015, que transfiere a título gratuito a la SEAM el inmueble referido y declara como área silvestre protegida, denominado “Reserva Yberá”, lugar conocido como Marina Cué.

Así lo informó la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República y señala que este proyecto deriva del proceso legislativo previsto en la Constitución Nacional y sancionado por el Honorable Congreso de la Nación.

El 15 de junio de 2012, un desalojo promovido por la empresa Campos Morombí terminó con la vida de 11 campesinos y 6 policías.

El procedimiento fue posible gracias a la presión de políticos nacionales y locales y contó con la complicidad de los  fiscales Ninfa Aguilar, Diosnel Giménez el juez que liberó la orden (el mismo que rectificó la sentencia de la usucapión) y la policías local.