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El abogado Rafael Fernández explicó que se ratifican en el pedido de prisión de 15 años para los acusados considerando el daño patrimonial de 115.000.000 de dólares causado a 4000 aportantes y sus familias. "El pedido de la fiscalía es ejemplar porque en varias cajas jubilatorias del país se roba y nadie va preso", opinó el representante legal de la parte perjudicada.