Afirma que le ley sancionada por el Congreso cuenta con errores formales pero que en la práctica representa “una suerte de conciliación de pleitos judiciales” entre Campos Morombi y el Estado. En otro punto elogia la posición del presidente que prefirió no promulgar pero tampoco vetar el traspaso.


 

Con respecto a la sanción por parte del Congreso Nacional, de la Ley que transfiere al Estado Paraguayo a título gratuito las tierras de Marina Cué, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) expresa cuanto sigue:

 

Cuando manifestamos que el Estado Paraguayo posee derechos en relación a las tierras de Marina Cué, lo hacemos en virtud a dos aspectos puntuales que marcan su pretensión para acceder al dominio de esas tierras, a favor del Estado y que constituyen los siguientes:

 

1º) El ofrecimiento de donación realizado por LIPSA SA a la Armada Paraguaya en el año 1967, que fuera aceptado por Decreto de ese mismo año, y

 

2º) El acto posesorio que hiciera en esas tierras el Estado Paraguayo desde el año 1967 hasta el año 1999 de manera ininterrumpida.

 

En tal sentido, el Estado posee legitimación activa para exigir a LIPSA S.A. la formalización de la transferencia del inmueble, que se erige en el recaudo faltante para que el mismo pase a ser el propietario de esas tierras. LIPSA S.A. ha reconocido expresamente dichos efectos legales, a decir de su director, el Dr. Manuel Riera, quien había referido que”…como en reiteradas oportunidades señalamos a la Armada Nacional, LIPSA S.A. otorgará la transferencia del inmueble una vez realizada la mensura judicial del mismo” en fecha 26 de noviembre de 2004, en contestación a una nota que le fuera cursada solicitándole facilitar los documentos para la formalización de la escritura traslativa de dominio.

 

Esta mensura fue ordenada e iniciada en el año 2005, pero suspendida a solicitud de Campos Morombí, que tramitaba en ese entonces la demanda de Usucapión contra LIPSA S.A. (judicializada hasta la fecha), hecho que imposibilita la concreción de la transferencia.

 

De esta forma, Campos Morombí obtuvo una sentencia judicial favorable en el juicio de usucapión contra LIPSA S.A., sin embargo, por cuestiones formales y tras la demanda promovida por el Estado Paraguayo, no la pudo inscribir en el Servicio Nacional de Catastro, ni en los Registros Públicos.

 

Con respecto a la ley sancionada por el Congreso Nacional, la misma cuenta con errores formales, atendiendo que la finca 30, padrón 61 del distrito de Curuguaty, no existe, debiendo ser Finca N° 30 del Distrito de Hernandarias. En consecuencia, dicha ley no sería eficaz para transferir el dominio del inmueble conocido como Marina Cué, por haber sido consignado erróneamente.

 

El problema subyacente, consiste en que si bien la ley pretende producir, por sí, la transferencia del dominio a favor del Estado Paraguayo, solamente se podría lograr dicha situación a través de varios actos posteriores, judiciales y extrajudiciales, para la concreción del efecto pretendido por la misma.

 

Es por ello que la decisión de no tomar intervención alguna, asumida por el Señor Presidente de la República, es la más acertada, ya que el mismo, por impedimento constitucional no se encuentra facultado de incluir ningún texto o modificación en el proyecto ni aun objetándolo total o parcialmente.

 

No obstante, se aclara que en la práctica esto significaría una suerte de conciliación de los pleitos judiciales entre el Estado y la firma Campos Morombi S.A., para que de esta manera el Estado Paraguayo pueda adquirir definitivamente el dominio del mismo.