El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) advirtió este lunes de que la ley que pretende crear una reserva natural en la finca 30, padrón 61 del distrito de Curuguaty "no existe, debiendo ser Finca N° 30 del Distrito de Hernandarias".


Vista satelital parcial de las tierras de Marina Kue

“En consecuencia, la ley no sería eficaz para transferir el dominio del inmueble conocido como Marina Kue, por haber sido consignado erróneamente”, señaló el Indert en un comunicado.

Para crear la reserva, la ley estipula que el Estado acepte la donación de la tierra por parte de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia de Blas Riquelme.

El Indert sostuvo, sin embargo, que el Estado ya “posee derechos en relación a las tierras de Marina Kue”, debido a que esta finca fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado en 1967, y fue empleada por el Estado hasta 1999.

Sin embargo, las tierras no fueron nunca transferidas a nombre del Estado, debido a que Campos Morombí interpuso una demanda de usucapión contra La Industrial Paraguaya, aludiendo a una figura jurídica que permite hacerse poseedor de un bien mediante su uso continuado en el tiempo.

Campos Morombí obtuvo una respuesta judicial favorable en este recurso, pero el Estado  tramitó una demanda contra la empresa por la propiedad de las tierras, de manera que tampoco fueron inscritas a nombre de la compañía ni en los registros públicos ni en el catastro, explicó el Indert.

“El problema subyacente consiste en que si bien la ley pretende producir, por sí, la transferencia del dominio a favor del Estado paraguayo, solamente se podría lograr dicha situación a través de varios actos posteriores, judiciales y extrajudiciales”, afirmó el ente estatal.

El Indert interpreta la sanción de la ley como “una suerte de conciliación de los pleitos judiciales entre el Estado y la firma Campos Morombí S.A., para que de esta manera el Estado Paraguayo pueda adquirir definitivamente el dominio” de la finca.

La ley, sancionada ayer de forma automática, es objetada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que promovieron contra ella una acción de inconstitucionalidad.

Las organizaciones argumentan que las tierras son del Estado y fueron apropiadas de manera irregular por Campos Morombí.

Recuerdan además que el Estado decretó en 2004 que las tierras fueran destinadas a la reforma agraria, mientras que esta ley busca impedir que se establezcan asentamientos campesinos en la futura reserva, según denuncian.

Actualmente las tierras permanecen ocupadas por varios grupos de campesinos, en su mayoría familiares de las víctimas de la masacre, que se instalaron en el lugar para reivindicar que las tierras les sean cedidas para poder trabajar.

EFE