El pueblo de San Isidro del Jejuí, convertido en un hito de la resistencia campesina a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), busca recobrar las raíces de la agricultura comunal indígena, que entiende la tierra como un hábitat y no como un bien material.


Cristina Olazar pobladora del pueblo de San Isidro del Jejuí. Créditos: EFE

La comunidad, ubicada en el departamento de San Pedro, más de 200 kilómetros al norte de Asunción, se fundó en la década de 1970, cuando Paraguay vivía bajo el yugo de la dictadura y pronto fue testigo de la fuerza represora de este régimen.

Cristina Olazar, una de las antiguas pobladoras de la comunidad, explicó a Efe que ello se debió a que adoptaron como principio la tenencia comunitaria de la tierra para erradicar la idea de que esta es un bien de compraventa en el mercado.

Se trataba de recuperar el concepto indígena de la tierra como “tekoha”, es decir, como hábitat donde desarrollar libremente su cultura, con un sistema asociativo para la construcción de las casas, el trabajo en la huerta, señaló Olazar.

La producción agrícola colectiva obtenida se distribuía de manera equitativa, respondiendo a las necesidades de cada familia, y quienes enseñaban en la escuela no se consideraban maestros sino “pytyvohäras” (“acompañantes”, en guaraní), al estilo de las propuestas educativas del pedagogo brasileño Paulo Freire.

Este modelo de vida se fue contagiando a cerca de 60 comunidades campesinas del departamento de San Pedro, hasta que la experiencia de Jejuí comenzó a ser vista con recelo desde el gobierno stronista.

La dictadura percibió en Jejuí una propuesta de desarrollo que no coincidía con sus intereses, y decidió reprimir a la comunidad invocando a uno de los anatemas preferidos por los mandos de Stroessner: el comunismo.

“Los argumentos para la represión fueron que éramos comunistas y que teníamos armas porque estábamos gestando una lucha armada. Nosotros ni éramos comunistas ni estábamos interesados en Stroessner ni en el poder. Solo queríamos dirigir nuestro propio desarrollo atendiendo a nuestros derechos”, expuso Olazar.

Nada de ello convenció al aparato militar de la dictadura, que el 8 de febrero de 1975 irrumpió en el asentamiento para desmantelarlo y apresar a todos sus dirigentes.

Según las investigaciones publicadas por la Mesa de la Memoria Histórica y los testimonios recabados por la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, todos los miembros de la comunidad fueron torturados física y psicológicamente, mientras que el asentamiento fue sitiado por fuerzas militares que convirtieron el lugar en un campo de concentración.

Además, los campesinos perdieron todas sus pertenencias, incluyendo las tierras que habían adquirido de forma comunitaria para instalarse a vivir según sus ideales.

No fue hasta 2010 que los campesinos de Jejuí recuperaron 180 hectáreas del total de más de 3.000 que componían su asentamiento, muchas de las cuales están hoy ocupadas por otros pequeños productores campesinos, que las recobraron después de que la familia de un primo del dictador se apoderase de ellas.

En 2014, Jejuí fue declarado como “sitio de memoria histórica”, y actualmente recibe el apoyo de cuatro programas gubernamentales de apoyo a los campesinos, como el incentivo al monocultivo de sésamo.

Sin embargo, Olazar denunció que estos programas “no son sostenibles a largo plazo”, dado que la siembra de monocultivo “devuelve una tierra gastada”, y opinó que forman parte de una política de “expulsión de los campesinos” para dejar paso al modelo agroindustrial.

Por ello, algunos miembros de la comunidad están optando por la cría asociativa de ganado vacuno y cultivos de autoconsumo, como forma de recuperar el cultivo tradicional y “desencandilarse” de las promesas estatales.

Apuestan por recuperar una agricultura indígena basada en un modo de vida que forma parte de las raíces de los paraguayos y que los campesinos de Jejuí quisieron convertir, aún en plena dictadura, en una utopía alcanzable.