La Asociación Rural del Paraguay (ARP) (a través de su Comisión de Defensa de la Propiedad Privada) denunció 17 casos de ocupación ilegal de tierras. Los afectados afirman que no cuentan con las garantías suficientes ni reciben respuestas por parte de las autoridades.


El caso más importante es el de la Ganadera Pindó S.A., debido a que los invasores se encuentran deforestando de manera indiscriminada una Reserva Forestal de 2.780 hectáreas

El caso más importante es el de la Ganadera Pindó S.A., debido a que (según la denuncia) los ocupantes se encuentran deforestando de manera indiscriminada una Reserva Forestal de 2.780 hectáreas

Al respecto, el presidente de dicha Comisión, Miguel Doldán, aseguró que la principal desventaja por la que atraviesan los propietarios de tierras es el protocolo que deben cumplir frente a las ocupaciones (desde el 2012).

Señaló que más bien es un estatuto para garantizar la violación de las leyes y el atropello tanto a propiedades privadas como estatales.

Esto impide que, en la práctica, se lleven a cabo los desalojos y la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños, por el gran obstáculo burocrático de notificar a un sinnúmero de instituciones antes de realizar procedimientos policiales, indicó.

Sobre el ‘protocolo’,  Doldán aclaró que no desean la eliminación de dicho documento, pero que sin embargo,  plantean lograr una flexibilización de la burocracia, para brindar mayores garantías a los legítimos propietarios  y que los procesos de restitución se realicen de manera más instantánea.

Afirmó que además existe un nuevo Instructivo No. 7 de fecha Junio del 2015  de la Fiscalía General del Estado en donde se estipulan los ‘procedimientos’, en salvaguarda de los derechos de varios actores involucrados, ‘obviando y pisoteando los derechos del propietario’.

Se recibió hasta hoy unos 17 casos de invasión de tierras, algunos de ellos con denuncias por deforestación indiscriminada en bosques nativos
Se recibió hasta hoy unos 17 casos de invasión de tierras, algunos de ellos con denuncias por deforestación indiscriminada en bosques nativos

“¿Qué pasa si mañana esta gente entra a un supermercado o a un shopping y reclaman el terreno?, la policía probablemente los expulsará a la fuerza del lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un supermercado y un establecimiento ganadero? ¿Por qué un establecimiento agrícola, agroforestal o una Reserva privada debe cumplir un protocolo en casos de invasión ilegal? ¿Por qué mejor no aplicamos ese mismo protocolo a todo el país y en todas las situaciones?”, fueron los cuestionamientos planteados por el alto Directivo de la ARP.

Presión política

Doldán comentó que el foco del problema radica en la política, con ciertos políticos que aparentemente se encuentran detrás de estos atropellos injustificados e ilegales. Explicó que inclusive en algunos casos, se han documentado con fotos y grabaciones, la participación de algunos parlamentarios en casos de invasiones de tierras registrados en diversas partes del país, quienes alegan cumplir su función de “atender los reclamos sociales”.

Aseveró además que existe una presión ejercida por políticos sobre las instituciones encargadas de hacer cumplir la Ley, entre ellas el Poder Judicial, Fiscalía y la Policía Nacional, que son los brazos ejecutores de la orden del Juzgado, lo que impide ejecutar sanciones y consumar lo que dicta la Ley.

“Todo el sistema se ve afectado, ya que un policía, con orden judicial o acompañado por la Fiscalía, acude al sitio con el fin de expulsar a los invasores de una propiedad, a  veces con el uso de la fuerza, como lo establece la Constitución Nacional pero luego el funcionario policial y el judicial son denunciados por el mismo delincuente, siendo este último protegido por algunos ‘representantes del pueblo paraguayo’, (senadores y diputados)  que fueron electos con el voto popular”, manifestó.

En este sentido, el profesional del derecho indicó que el problema de estos litigios en contra de policías  supuestamente ‘violentos’ en el ejercicio de sus funciones constitucionales ( el uso de la fuerza )  caen luego en una Comisión del Congreso que tiene la facultad constitucional  de “evaluar los ascensos de policías y militares…” y por consiguiente están a las resultas de lo que decida esta comisión en relación a sus ascensos,  esta Comisión casualmente,  tiene como integrantes a algunos parlamentarios que se encuentran detrás de las ocupaciones ilegales.

Asimismo, dijo que “es función privativa del  Estado  hacer cumplir las leyes sin ningún tipo de restricciones, y que no se debería imponer ningún tipo de sanciones a los funcionarios por cumplir lo que la ley manda, lo que actualmente no se da.  Normalmente, cuando la parte política no está de acuerdo con las medidas de seguridad  tomadas por la fuerza policial o militar, directamente se les aplica sanciones a los mismos. Hay que dar garantías a las fuerzas de seguridad del Estado (policía, fiscales y militares)  para que cumplan con su misión, y para que ejecuten lo que la Ley manda, sin temor a ser procesados por eso”, afirmó.

País atrasado

Por su parte, el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Germán Ruíz, aseguró que este tipo de situaciones no ocurren en los países más progresistas del mundo, en donde la Ley se cumple a rajatabla y los castigos son fuertes para cualquier persona que lo infrinja.

Pindó en sobrevuelo
Pindó en sobrevuelo

Ruíz acotó que Paraguay no podrá desarrollarse como país si no se resuelve el eslabón del respeto a la propiedad privada y mientras se tenga el problema de incumplimiento de las leyes.

“En países como EEUU o Chile no aceptan ni siquiera dos horas este tipo de delitos; las personas que violan las leyes al instante son detenidas, porque no puede ser que una persona figure como dueño de la propiedad y no tenga control ni garantías de lo que es suyo”.

El directivo del gremio, señaló que la Constitución Nacional contempla intervenciones del Estado para garantizar la seguridad para las personas, pero que sin embargo es lo que menos hace. El mismo sintetizó que la ARP tomará las acciones necesarias para lograr lo que el Gobierno paraguayo no logra, que es la seguridad absoluta a la propiedad privada. “La Ley tiene que ser igual para todos, y hoy en día existe una flagrancia total de la misma”, expresó.

Deforestación impune

Con respecto a la progresiva deforestación registrada en el país desde hace algunos años, el principal vocero del gremio rural, sostuvo que existe mucha permisividad para violar leyes y atentar contra los mismos intereses humanos y nacionales. Alegó que cualquier persona que realice actividades de deforestación debe ser considerada como un delincuente, ya sea el propietario de las tierras, el ganadero, el campesino con tierra y sin tierra o un indígena.

“Por el hecho de ser indígena, o campesino sin tierra menos favorecido desde el punto de vista económico, ¿la persona está permitida a deforestar?  El problema está en que hay ciertos sectores que tienen derecho a violar la Ley”, ratificó.

Comisión de defensa

El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, Miguel Doldán, explicó que la función principal del gremio, es apoyar y brindar protección a productores que se sienten desprotegidos justamente con casos de violación de sus derechos, sin importar que estén o no asociados a la ARP.

Aseguró que existen registrados unos 17 casos de ocupación a propiedades privadas, sin embargo, aclaró que no son los únicos casos en Paraguay, sino que se trata de denuncias hechas por propietarios que acudieron a la Comisión y han acercado sus documentos.

“Nosotros nos acercamos a las fuentes donde están los problemas. Pedimos audiencias con fiscales en el Poder Judicial, Policía Nacional, Ministro del Interior, etc. Establecemos un procedimiento dentro de la Comisión, en donde la persona afectada por cualquier problema en relación a su propiedad, ya sea invasión, proyecto de expropiación, presiones, y ahora un nuevo delito, que es la extorsión”, afirmó.

Casos registrados por la ARP

  1. Estancia Laguna S.A., Invadido por Indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, en la Localidad de Pindoty Pora, Distrito de Corpus Cristi, Dpto. de Canindeyú. 4700 Hs.
  1. Ganadera Pindó. Estancia Naranjito. Ybyrarobana, Canindeyú, invadido por campesinos sin tierras. 4499 Has. Invasión, deforestación, tala de árboles.
  1. COMPENSA, Grupo Lievig SA. Ocupación Indígena. Depat. Pdte. Hayes (Expropiado), REALIZAN DEFORESTACIÓN. Se presentó solicitud de Incostitucionalidad.
  1. Caso Mario Clari: Guayaibi – Dpto de San Pedro. Invasión de Propiedad.
  1. Caso Vela Dpto. San Pedro. Invasión de Propiedad
  1. Caso Mcal López. Dpto Caaguazú. Invasión de Propiedad
  1. Caso Román Fleytas. Tobatí – Inmobiliaria del Este. Invasión de Propiedad
  1. Caso Barbero – Dpto San Pedro. Invasión de Propiedad y pedido de Expropiación.
  1. El Caso de Moises Bertoni Dpto de Caazapa – Familia Girala. Invasión de Propiedad.
  1. Caso Ing. Velazquez Durañona. Alto Paraná. Invasión de Propiedad y Deforestación.
  1. Caso La Blanca SA. Dpto San Pedro. Invasión y pedido de expropiación.
  1. Caso Fructuoso Mendoza (Departamento de Paraguarí). Invasión de Propiedad.
  1. Caso Sra. Gloria Chávez – Gral. Bruguez Chaco. Invasión de Propiedad
  1. Caso familia Brusquetti  y Cía – Pedro P. Peña – Boquerón Chaco. Invasión de Propiedad.
  1. Caso Kurlt Timcke. Dpto Boqueron – Pedro P. Peña. Invasión de Propiedad.
  1. Caso Eitel Simon. Itapua – Naranjito. Invasión de Propiedad y Pedido de Expropiación.
  1. Caso Estancia San Lucas, Rodolfo López Núñez – Distrito Pedro P. Peña, Boquerón Chaco. Invasión violenta de Propiedad