A un miembro de la Cámara de Representantes o del Consejo de Estado, por las opiniones que emitiere en el desempeño de su mandato, será castigado con dos a tres […]


A un miembro de la Cámara de Representantes o del Consejo de Estado, por las opiniones que emitiere en el desempeño de su mandato, será castigado con dos a tres años de penitenciaría…., expresa el Art. 1ro. de la Ley 323 “De Garantías de Fueros”.

 

Aunque fuera sorprendido  “en infraganti delito”, alguno de los arriba mencionados,  “en ningún caso podrá ser privado de su libertad ni allanado su domicilio” sin previa suspensión de sus fueros. Para no alargar no escribimos los castigos para militares o policías que faltaren a esta Ley de super protección a determinados funcionarios.

 

Sorprende saber que a tantos años de la caída de la dictadura, aún persiste  una Ley de Garantías de Fueros, promulgada el 21 de noviembre de 1955 con la firma de Alfredo Stroessner. Su anacronismo salta a la vista con la mención de Cámara de Representantes y Consejo de Estado.

 

Es decir que, la tan rechazada inmunidad parlamentaria, que ante la indignada mirada de la opinión pública, otorga  impunidad a quienes desde sus altos cargos se alzaron con dinero del pueblo, es nada menos que una figura sobreviviente del stronissmo, que nadie recordó modificar o derogar. La construcción de la democracia desde sus cimientos acaparó la atención de esos  tiempos de transición.  Las primeras leyes sancionadas fueron sobre derechos humanos y derogación de instrumentos legales represivos. Y este adefesio que nos ocupa, quedó en el olvido.

 

La inmunidad es un instrumento de protección, necesario para quienes denuncian hechos de corrupción y enfrentan acciones y demandas de poderes institucionales y fácticos. Pero acá se da el caso contrario. Son los que han utilizado su lugar en el poder para enriquecer sus arcas, quienes apelan a la inmunidad, cuando lo que desean es en realidad impunidad ante el delito.

 

En julio de 2013 presenté ante el Senado un Proyecto de Ley “Que deroga en forma inmediata la Ley Nro. 323/55 ‘De Garantía de Fueros”. Esperaba que algún Senador o Senadora se hiciera cargo del mismo. Un solo Senador se interesó pero nunca lo presentó al Plenario. Espero que esta nota tenga eco en algún o alguna representante del pueblo. ¡El desafío está hecho y yo a su disposición para colaborar!

 

No podemos seguir tolerando perdón a la corrupción bajo el disfraz de la inmunidad otorgada por una Ley anacrónica, inaceptable en una democracia y sobre todo, sobreviviente del período más nefasto en nuestra historia.

 

 

 

 

Rafaela Guanes

Presidenta de la Fundación Manuel Gondra