El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy a Andorra por no aplicar con retroactividad el nuevo Código Penal de 2005 y mantener la pena más dura al ginecólogo andorrano Gérard Gouarré Patte, suspendido de por vida por tres delitos de abusos sexuales contra pacientes.


Andorra tendrá que indemnizar al demandante con 26.250 euros por daños morales y gastos judiciales.

El fallo, aprobado por 5 votos contra 2, considera que Andorra vulneró los artículos 7 (No hay pena sin ley) y 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Andorra tendrá que indemnizar al demandante con 26.250 euros por daños morales y gastos judiciales.

La sentencia recuerda que el artículo 7 del nuevo Código Penal andorrano obliga “a una revisión de oficio cuando una ley posterior reduce la pena o la medida de seguridad prevista para una infracción, incluso en el caso de una sentencia definitiva”.

En este sentido, el fallo de la Corte europea dice que el Código Penal de 1990 imponía como pena accesoria la prohibición de ejercer su profesión de por vida, mientras que la reforma de 2005 establecía que esas penas no podían durar más que la pena principal más grave.

El Tribunal de Corts de Andorra condenó a Gouarré en 2009 a cinco años de prisión (pena principal) y a no volver a ejercer su profesión (pena accesoria) por existir un “altísimo riesgo de reincidencia”.

A pesar de las peticiones de Gouarré, defendido por el abogado Miquel Bellera, los tribunales andorranos mantuvieron la aplicación de la pena más dura “aun cuando el legislador decidió después una pena más suave y previó su aplicación retroactiva”.

Con esta actuación, según la sentencia, los tribunales del Principado “infringieron el principio de preeminencia del derecho y atentaron contra el derecho del demandante de ver aplicada una pena prevista por la ley”.

En la vista celebrada en Estrasburgo el pasado año, la agente del Gobierno andorrano, Carmen Perna, dijo que los derechos de Gouarré “están enfrentados a los de sus víctimas y a las hipotéticas futuras pacientes” si retomara la profesión.

El juez holandés Johannes Silvis y la sanmarinesa Kristina Pardalos expresaron una opinión disidente, ya que consideran “no juicioso anular de oficio una prohibición definitiva de ejercer la medicina sin tener en cuenta los intereses de los pacientes”.

EFE