Las protestas se originaron a principios de diciembre tras la aprobación de un ambicioso plan para expandir la capital del país, Adis Abeba, lo que podría haber puesto en peligro las tierras de cultivo de los oromo, un pueblo tradicionalmente agrícola y seminómada que habita la región que rodea la ciudad.


Las protestas se originaron a principios de diciembre tras la aprobación de un ambicioso plan para expandir la capital del país

El Gobierno de Etiopía anunció la retirada de un polémico plan urbanístico que en las últimas semanas había desatado en la región de Oromia numerosas protestas, cuya represión causó al menos 140 muertos, según varios grupos proderechos humanos, informaron hoy medios locales.

La decisión se tomó después de una reunión entre la Organización Democrática del Pueblo Oromo (OPDO), que forma parte de la coalición gubernamental, y numerosos líderes locales que se oponían firmemente a cualquier expansión de Adis Abeba.

Hasta ahora, el Gobierno etíope había mantenido que los manifestantes tenían una “conexión directa” con grupos terroristas, en alusión al Frente de Liberación Oromo (OLF), un movimiento separatista que lleva décadas luchando por la independencia de Oromia.

Por otra parte, el vicepresidente del Congreso Federalista Oromo (OFC), el partido opositor más importante de la región, Bekele Gerba, lleva desaparecido desde el pasado 23 de diciembre, cuando fue detenido por la Policía.

El Gobierno etíope detiene de forma periódica a intelectuales y figuras opositoras prominentes entre los oromo porque teme que su influencia política puede animar a la población a rebelarse contra la administración.

Las protestas de los estudiantes comenzaron en Ginchi, una pequeña ciudad a 80 kilómetros al suroeste de la capital, cuando las autoridades trataban de destruir un bosque para iniciar uno de los proyectos de construcción.

Las manifestaciones se extendieron rápidamente por toda la región de Oromia, lugar de origen de 35 millones de oromo, el grupo étnico más numeroso del país.

La Ley Antiterrorista etíope permite a las autoridades utilizar ilimitadamente la fuerza contra los sospechosos de actos terroristas, incluyendo hasta cuatro meses de prisión preventiva, donde a menudo se producen torturas, según activistas.

EFE