El estado de emergencia se decretó inmediatamente después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre en París y según el comisario ha tenido efectos concretos "relativamente limitados" en materia de lucha antiterrorista, pero ha restringido "fuertemente" el ejercicio de las libertades fundamentales.


El comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks

El comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, criticó hoy la intención del presidente de Francia, François Hollande, de prolongar hasta finales de mayo el estado de emergencia en el país, y lamentó el impacto de algunas de sus disposiciones sobre las libertades.

El mismo día en que se presentó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley que prevé prorrogar esa medida tres meses una vez que el día 26 expire el plazo actual, el comisario advirtió en una columna en el diario “Le Monde” que su prolongación hace presagiar “una etapa difícil” para los derechos humanos.

Muiznieks cuestiona la legitimidad y proporcionalidad de los registros sin autorización judicial, y apunta que ha habido intervenciones violentas de las fuerzas del orden basadas en informaciones incorrectas.

Gran número de esas operaciones, además, han tenido como objetivo personas de confesión musulmana, o que se creía que practicaban esa religión, lo que en su opinión “contribuye a reforzar la estigmatización y la marginación” de ese colectivo y “pone en peligro la cohesión social”.

El comisario añade que Francia ha suspendido parcialmente la aplicación de la convención europea de derechos humanos, lo que ha “limitado fuertemente la posibilidad de que un individuo conteste los abusos de las autoridades administrativas y de la policía ante una corte internacional”.

Muiznieks admite que es comprensible que el Ejecutivo se movilice para proteger a la población ante una amenaza terrorista que persiste, pero destaca que “continuar la vía trazada hasta ahora no es deseable”.

“Los terroristas se nutren de los miedos. Quieren hacernos creer que debemos escoger entre libertades y seguridad. (…) Un Estado democrático debe oponerse a la barbarie del terrorismo evitando debilitar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”, concluye.

Su prolongación, que no tiene ahora tanto apoyo político como tras los atentados, necesitaría de nuevo de una mayoría clara de diputados y senadores, además de la opinión favorable del Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa de Francia.

EFE