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Aitor Martínez Jiménez señaló por qué la designación del exfiscal en el viceministerio de Seguridad puede viciar las pruebas testificales de los policías al tener mando y poder disciplinario sobre ellos.


El jurista e investigador español, explicó que Jalil Rachid armó y cerró ala acusación basándose en un solo medio de prueba: el testimonio de los policías y que es curioso que a la mitad del proceso judicial, este mismo fiscal sea designado jefe de esa misma policía teniendo mando jerárquico y poder disciplinario sobre los mismos medios de prueba que se van a reproducir en el juicio.

Para poner un ejemplo simple:

Supongamos que X es demandado por paternidad, el estudio de ADN se hace en el Centro Médico Y pero a mitad del análisis X compra ese Centro Médico ¿Que valor puede tener ese resultado?

Martínez indicó que está situación representa una violación de los derechos procesales establecidos en la Constitución Nacional, más precisamente de los incisos 8 y 9 del Art. 17, que advierten que todo ciudadano tiene derecho a que no se le opongan pruebas obtenidas en violación a la normas jurídicas establecidas por la propia Constitución.

“El acusador no puede quedar en mando y dominio de las pruebas” afirmó el abogado.

Sostuvo además que es es llamativo y alarmante que la CSJ (que es la que tiene que velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución) no le haya dicho al Ejecutivo que suspenda el nombramiento de Rachid y que su designación s reproduzca justo en el momento en que las testificales de los policías hacían tambalear la acusación.

Por último, Jiménez manifestó que la CSJ debería suspender su nombramiento hasta tanto se reproduzcan todos las pruebas del juicio.

 

Martínez Jiménez es autor del Informe Masacre de Curuguaty publicado en octubre de 2012 por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos.