La Fiscalía solicitó este martes incluir como pruebas en el juicio filmaciones y fotografías tomadas por el perito Elbio Rojas, quién durante su declaración reveló que disponía de material que no habían sido incorporados como pruebas a la investigación. La defensa se allanó al pedido. 


Uno de los abogados defensores de los campesinos acusados, Amelio Sisco, declaró a Efe que estas pruebas estaban en poder del Ministerio del Interior, pero nunca fueron exhibidas “para no comprometer a los verdaderos responsables de la masacre”, que según la tesis de la defensa fueron los propios policías.

En el proceso judicial están acusados once campesinos por la muerte de seis policías durante la masacre, que se produjo cuando agentes de las fuerzas de seguridad acudieron a desalojar una finca que los labriegos ocupaban para exigir que se incorporara a la reforma agraria.

Mientras tanto, la Fiscalía no imputó a nadie por la muerte de once campesinos.

Rojas reconoció algunas de las pruebas presentadas durante la investigación, como un revólver de calibre 38 niquelado, una de las presuntas armas homicidas.

Refirió que desde el 13 de abril de 2012 la policía realizó al menos nueve incursiones en la finca donde sucedió la masacre, conocida con el nombre de Marina Kue.

Las intervenciones respondían a diferentes denuncias por ocupación indebida del terreno, robo de ganado, y hasta por asalto y toma de rehén con arma de fuego.

Todas estas denuncias fueron presentadas por personal que trabajaba en la estancia colindante con Marina Kue, explotada por una empresa propiedad de la familia de un dirigente político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El hecho de que las pruebas que el perito ofreció este martes no hayan sido incorporadas a la carpeta fiscal constituye una muestra más de la falta de rigor con que Jalil Rachid investigó los hechos.