En el auto conocido hoy, la jueza del caso atiende la petición del fiscal y prohíbe la salida de España al expresidente de la empresa de ingeniería y energías renovables, por considerar que no existe certeza de que Benjumea no eluda a la justicia en el futuro.


El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea

La Audiencia Nacional española, que investiga judicialmente al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea por un posible delito de administración desleal, le impuso hoy medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Abengoa presentó en noviembre el preconcurso de acreedores, que en caso de no llegar a un acuerdo podría conducir a la mayor bancarrota de la historia de España, lastrada por más de 9.000 millones de euros de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

Benjumea, que está acusado de administración desleal, declaró ayer ante un juzgado, junto con el exconsejero delegado de la empresa Manuel Sánchez Ortega, a quien se le investiga además por el uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock.

Sobre las indemnizaciones cobradas por el expresidente de la compañía y Sánchez Ortega de 11,5 millones de euros y 4,5 millones de euros, respectivamente, la jueza avisa de que hay indicios de su posible participación en el cobro de unas cantidades “que no se corresponden con las pactadas con la compañía, ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma” en el momento del cese.

Una versión que cuestiona la de Benjumea, que alegó que esa era una práctica normal y que su salida respondió a una exigencia verbal impuesta por las entidades financieras, especialmente por el Banco Santander, de la que no existe constancia por escrito.

Asimismo, el expresidente de Abengoa afirmó que la empresa “no tiene ningún problema salvo el de liquidez”, y achacó la situación que atraviesa la compañía a la reforma del sector eléctrico y de las renovables puesta en marcha por el Gobierno español.

A finales del pasado enero el consejo de administración de Abengoa aprobó un plan de viabilidad, por el que estableció que la compañía se centrará en las actividades de ingeniería y construcción y que negociará con sus acreedores la reestructuración de la deuda y los recursos necesarios para operar de forma competitiva.

La empresa entregó ya su plan financiero a los acreedores, en el que apunta a unas necesidades de liquidez de alrededor de 700 millones de euros, adicionales a los 165 millones que actualmente negocia con los bonistas.

Transcurrido más de la mitad del plazo de cuatro meses previsto para resolver el preconcurso de Abengoa, los negociadores deben alcanzar un acuerdo antes del 28 de marzo, fecha que marcará la entrada en el que sería el mayor concurso de la historia de España.

EFE