De dibujar líneas en el suelo y emplear otros métodos rudimentarios, cada vez más pueblos indígenas han pasado a elaborar mapas con nuevas tecnologías que permiten la demarcación del territorio al detalle y su difusión global para reclamar sus derechos.


Cada vez más pueblos indígenas han pasado a elaborar mapas con nuevas tecnologías

En todo el mundo existen unos 400 millones de personas que se identifican como indígenas, pero no se sabe con exactitud su número ni su ubicación.

Esa “invisibilidad” es la fuente de muchos conflictos, como ocurre cuando los gobiernos otorgan tierras a multinacionales argumentando que están “vacías” y en verdad llevan siendo ocupadas durante siglos por pueblos indígenas y comunidades locales.

Si bien un 65 % de la superficie terrestre ha estado tradicionalmente en manos de esos grupos, solo tienen legalmente reconocido un 10 %, según cálculos del proyecto LandMark, en el que colaboran trece organizaciones no gubernamentales.

Esta plataforma global contiene por ahora mapas de 1.500 millones de hectáreas de tierra (un 9 % del total), de las que un tercio sigue sin reconocimiento estatal y, por tanto, “bajo amenaza”, indica a Efe uno de sus promotores, Peter Veit.

Para ese experto del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), los mapas, “aunque no sean necesariamente un documento legal, son muy potentes” para visibilizar la situación de esos pueblos.

Además de publicar datos oficiales disponibles, LandMark usa la información recopilada por los indígenas y comunidades que, con ayuda de ONG, deciden compartirla de común acuerdo.

Igualmente aparecen otros indicadores para comparar las leyes sobre la tenencia de la tierra entre países y en relación con las directrices voluntarias para su gobernanza responsable, promovidas por la ONU, así como para estudiar su protección en la práctica.

Sobre el terreno ya existen iniciativas para hacer mapas de zonas de Indonesia, Filipinas o las cuencas del Amazonas y el Congo. Los GPS se han convertido en herramienta esencial, a lo que se une el uso de drones, mapas tridimensionales y aplicaciones como “Open Tenure”, desarrollada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En la costa caribeña de Nicaragua, por ejemplo, las personas han sido capacitadas para emplear nuevos sistemas tecnológicos, explica en conversación telefónica Myrna Cunningham, presidenta del Centro para la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas (CADPI).

Más dura ha resultado, si cabe, la negociación, pues se necesitaron hasta 600 reuniones entre las comunidades para ponerse de acuerdo sobre los sitios compartidos y los límites exactos de los territorios.

Se impuso entonces el criterio de “posesión ancestral”, para lo que había que aportar pruebas como el nombre del lugar o la existencia de prácticas espirituales y sagradas.

“Cada territorio indígena, a través de sus autoridades, identificó los sitios que ha utilizado ancestralmente y donde hubo asentamientos”, detalla Cunningham, que agrega que el Gobierno ya ha entregado títulos a 22 de los 23 territorios indígenas y afrodescendientes autoidentificados.

Ahora deberán determinar quiénes son colonos o personas no indígenas, como campesinos pobres o ganaderos que han ocupado esas tierras en los últimos años, quienes “tendrán que llegar a un acuerdo con la comunidad o ser reubicados fuera del área de posesión colectiva”, apunta la líder indígena.

Este tipo de disputas son difíciles de manejar, se pueden alargar durante años y hasta verse salpicadas por violencia, dejando víctimas mortales en el camino como lo ejemplifica el reciente asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.

Ante la falta de una única fórmula, se intentan combinar distintas estrategias. Entre ellas, según el especialista de la FAO Yon Fernández de Larrinoa, a veces se busca “dar visibilidad a las poblaciones indígenas” para que el sector privado conozca que existen en ciertos territorios y así pierda interés en las concesiones.

En otras ocasiones, el trabajo pasa por demarcar digitalmente los límites de los territorios de las comunidades indígenas y comenzar así un proceso de diálogo para rebajar las posibles fuentes de tensión por el uso de la tierra.

Al menos se empieza con los mapas. Ya aparecerán luego las trabas burocráticas y administrativas en el proceso de registro de territorios comunales gestionados por pueblos indígenas: desde hacer que las comunidades rellenen complicados formularios hasta pedirles que se establezcan en ONG, que realicen ellas mismas las delimitaciones o forzar que inscriban sus territorios a nombre individual y no comunal.

Esto último crea unas “tensiones tremendas en las propias comunidades”, en opinión del experto, que cita otros problemas de fondo como el hecho de que muchos países no dispongan aún de legislación para la concesión de títulos comunales.

Belén Delgado – EFE