La Unión Europea (UE) acordó hoy suspender la ayuda directa que presta a las autoridades de Burundi ante la oleada de violencia y las violaciones de los derechos humanos detectadas en el país africano, aunque mantendrá el apoyo a la población.


La situación de la democracia, en Europa es muy difícil por las actuales crisis institucionales, migratorias o terrorista

“La UE ha suspendido la ayuda financiera directa a la administración de Burundi, incluido el apoyo presupuestario”, decidieron los ministros de Exteriores comunitarios reunidos en un Consejo en Bruselas, a la vez que precisaron que “mantienen plenamente tanto el apoyo financiero a la población como la ayuda humanitaria”.

El Consejo de Ministros señaló en unas conclusiones que ha terminado las consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del acuerdo de Cotonú, que rige las relaciones entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico, ya que “los compromisos propuestos por el Gobierno burundés son insuficientes para atender a las preocupaciones” de la Unión.

En paralelo, el Consejo también ha establecido unas “medidas específicas que deberá adoptar el Gobierno burundés y que podrían conducir a la plena reanudación de la cooperación”.

“La situación en Burundi sigue siendo motivo de honda preocupación para la UE, aunque recientemente se han observado algunos destellos de esperanza”, consideró en un comunicado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

En su opinión, las medidas propuestas por la UE “pueden apoyar el diálogo interburundés, con la mediación de la Comunidad del África Oriental, que es clave para lograr una solución política duradera a la crisis”.

Por su parte, el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, recordó que la crisis que vive actualmente el país “ya ha costado más de cuatrocientas vidas, ha dejado miles de heridos y ha obligado a más de 240.000 personas a buscar refugio en los países vecinos”.

Apuntó que la UE prepara apoyo a proyectos para que la población pueda acceder a servicios básicos “pero sin canalizar recursos financieros a través de cuentas gestionadas por el Gobierno”.

El Consejo precisó que su decisión “se revisará periódicamente, al menos cada seis meses”, entre otros medios con misiones de supervisión conjuntas del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea.

La UE celebró el pasado 8 de diciembre consultas con el Gobierno de Burundi en virtud del artículo 96 del acuerdo de Cotonú para estudiar este problema y encontrar maneras de subsanarlo.

Entonces, el Gobierno burundés propuso “algunos compromisos” que, sin embargo, “hasta la fecha la UE ha considerado insatisfactorios”.

Burundi está inmerso en una grave crisis desde que en abril de 2015 el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohíbe la Constitución y viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.

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Nkurunziza fue reelegido en julio, en unos comicios que la comunidad internacional considera fraudulentos, lo que no ha impedido que el presidente se mantenga en su cargo.

El pasado 1 de octubre la UE ya impuso sanciones contra cuatro personas próximas a Nkurunziza o pertenecientes a los servicios de inteligencia, al considerarles de incitar a la violencia y a actos de represión durante las manifestaciones a raíz del anuncio de la candidatura presidencial.

EFE