Así justificaron ante los vecinos de Kurusu de Hierro los excesos cometidos por su tropa los jefes militares y policiales de las FTC. El inaceptable descargo fue coronado con esta frase: “Lo hecho, hecho está y ya no tiene remedio”.


En la madrugada del pasado 3 de marzo, un grupo de militares allanó las viviendas de cinco familias en la localidad de Nueva Fortuna, todas vecinas de Julián Ojeda Espínola, poblador asesinado por las FTC la noche del 18 de diciembre de 2015. Los efectivos actuaron con extrema violencia suspendiendo “de facto” todas las garantías constitucionales. Las viviendas allanadas pertenecen a Rosa Emildia Aquino, Emilce López, Javier Díaz, Natalia Aquino y Catia Nariani Duarte.

Enterada de este nuevo atropello, la Hermana Bartola Cohene, de Paso Tuya, llamó al Coordinador de la Pastoral Social Diocesana, Benjamín Valiente Duarte, para ponerlo al tanto de lo sucedido.

Valiente puso a consideración del Equipo Diocesano y de los párrocos de Yvy Ja’u y Azote’y (padres Domingo Savio Ovelar y Róiner Riquelme) la delicada situación y las acciones a emprender.

El Padre Domingo propuso convocar a los responsables de las FTC para presentarle las quejas, en lo posible, con la presencia y participación de los afectados. Con la aprobación del Obispo de Concepción, Miguel Angel Cabello, se habló con el Comandante Gral. Martín Cáceres y su vocero, Tcnel. Raúl Pereira, respondiendo positivamente.

El encuentro se llevó a cabo en el salón de la parroquia San Juan, de Yvy Ja’u, el día 10 de marzo a partir de las 10:00hs. La señora Rosa Aquino fue quien expuso lo sucedido ante las autoridades militares.

“Desde las doce de la noche nuestro perro comenzó a inquietarse con furiosos ladridos. Le dije a mi marido: ‘seguramente están tratando de llevar nuestra vaca, me levantaré a mirar’. Si van a robar no vas a impedir, me respondió, mejor tranquilízate y volvé a dormir”. Le hice caso pero no me tranquilicé ni ya pude dormir. A las 02:00 hs se oyeron gritos: ‘¡Somos de las fuerzas de Tarea Conjunta, abran la puerta!’. Diciendo esto pateaban ya la puerta. ‘Enseguida, mi jefe’, le contestó mi marido y se levantó como estaba, en pantaloncitos y sin camisa. Trató de abrir, pero, con el susto y el apuro, no acertaba la cerradura, además los soldados, desde afuera, tenían aferrado el picaporte. Entonces abrí la ventana y sacando la cabeza les dije: ‘Suelten, por favor, el picaporte para que les pueda abrir’. Así hicieron y se abrió la puerta. Le tomaron del cuello a mi marido arrojándole al suelo, le pisaron la cabeza y le encañonaron el fusil en la sien. A mí me agarraron y me tiraron contra la pared y el ropero, poniéndome la punta del arma en el pecho y conste que tengo una herida en el bajo vientre, a raíz de una cirugía reciente. Mientras tanto, en la otra pieza, mis dos hijos, una nena de 13 años y un niño, de 10, lloraban desesperadamente. Los soldados forzaron la puerta, tiraron salvajemente del brazo a la niña y golpeándole uno de los senos que hasta hoy lo tiene hinchado. Rompieron el televisor, nos llevaron Gs 200.000, que teníamos guardados para pagar una cuota de nuestra cama, incautaron nuestras cédulas de identidad. Nos tuvieron así aterrorizados por casi dos horas y finalmente nos hicieron firmar un escrito, que era, según dijeron, el resultado del allanamiento y entregándonos también la orden de allanamiento que permitía estos ultrajes. Algo parecido ocurrió en cuatro viviendas más, cuyos dueños no pudieron venir por el pésimo estado de los caminos. Yo le ruego, General, que dejen de actuar así y que, por favor, agarren de una vez a los malvados, quienes, dicen ustedes, rondan entre nosotros”.

Rosa Aquino (a la derecha de fucsia) víctima de los excesos de las FTC. /Benjamín Valiente
Rosa Aquino (a la derecha de fucsia) víctima de los excesos de las FTC.

Rosa explicó que después de la violenta intervención se les entregó una copia del llamativo Mandamiento de Allanamiento, encabezado por el Fiscal Joel Cazal y firmado por el Juez Hernán Centurión, de Horqueta.

En el documento no se identifican ni las personas ni las viviendas a ser allanadas, sino todo lo que se ubica dentro de unas coordenadas geográficas.

El escrito especifica que el procedimiento debe hacerse en en horario nocturno, contradiciendo lo que dice la Constitución Nacional y las leyes.

Para justificar esta disposición el Juez delinea algunos fundamentos legales pero bastante inconsistentes.

“Lo hecho, hecho está”

Después de oír el relato de la señora Rosa, los jefes militares y policiales pidieron disculpas por lo sucedido, alegando que los soldados que participan de estos procedimientos son jovencitos y al entrar en acción son poseídos por el miedo y el terror, por lo que actúan con exceso. La inaceptable justificación fue coronada con una frase que cayó muy mal a los presentes: “Lo hecho, hecho está y ya no tiene remedio”.