La fiscala Ninfa Aguilar convirtió la orden de allanamiento dictada por el juez penal Dolores Benítez en una de desalojo atribuyéndose poderes que no tenía. Jamás fue investigada. El 15 de junio de 2012 se movilizaron 324 efectivos de diferentes fuerzas, un buen número de ambulancias y un helicóptero de reconocimiento. La fiscalía sostiene que los uniformados ingresaron al predio desarmados. Las imágenes demuestran lo contrario.