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El ministro "se lavó las manos" respecto a las denuncias de abuso presentadas contra los efectivos policiales que desalojaron un grupo de familias campesinas en Guahory (Caaguazú). Dijo que la policía no está para interpretar las órdenes judiciales sino para cumplir con los requerimientos del Ministerio Público y que si existen denuncias cruzadas con relación a la titularidad de las tierras en disputas no es el área de Seguridad la que tiene que dirimir la cuestión. Aclaró que que los efectivos que se hayan extralimitado "son posibles de ser investigados". Minimizó las denuncias del senador Wagner diciendo que se trata de un "instigador".


Entre el 12 y el 15 de febrero de 2015, la policía local, el fiscal Alfirio González (Coronel Oviedo) y civiles bajo el mando de los empresarios que promovieron el desalojo, arrasaron los asentamientos de Guahory 1, Guahory 2 y Guahory 3, comunidades campesinas del distrito de Tembiaporâ, departamento de Caaguazú, lugar ubicado a 300 km de distancia de la capital .

Allí viven unas 215 familias agricultoras asentadas unas hace 30 años y otras de hace 8 meses. Las tierras pertenecen al Indert.

Los miembros de la comunidad denunciaron múltiples violaciones a las garantías y derechos elementales de la población campesina, entre ellas realizar un desalojo sin una orden judicial, la golpiza y tortura policial a embarazadas y ancianos y la quema, destrucción y matanza de casas, capillas, gallinas y cerdos.

La violencia fue constatada por una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) y senadores y autoridades regionales, que visitaron la comunidad el 15 de febrero, cuando todavía estaba sitiada por la policía.

Fueron testigos del uso desproporcional de la fuerza y levantaron testimonios de abusos físicos y humillación en distintos grados, como golpiza y detención a mujeres embarazadas, niños, personas discapacitadas y ancianos.

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