Mientrás la crisis política avanza, el oficialismo y la oposición intentan imponer sus criterios.


La Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió hoy a la Corte Suprema la “nulidad” del proceso que mañana puede suspenderla del cargo durante 180 días y llevar luego a su destitución. También protesta por el hecho de queuna vez que el trámite llegó al Senado y fue analizado por una comisión especial no se le permitió a la defensa exponer su posición después de que fuera presentado el informe final, que recomendó procesar a Rousseff.

Ayer el presidente interino del Senado Brasileño, Waldir Maranhão, revocó su propia decisión de anular la votación que aprobó el juicio político en contra de la Presidenta Dilma Rousseff. Pero hoy en un breve texto explicó lo siguiente:”Revoco la decisión por mi proferida el 9 de mayo de 2016 por medio de la cual fueron anuladas las sesiones del plenario de la Cámara de Diputados ocurridas los días 15, 16 y 17 de abril de 2016, en las cuales se deliberó sobre la denuncia por crimen de responsabilidad Nº 1/2015″

La medida ya habia sido rechazada ayer en la tarde por el presidente del Senado, Renan Calheiros. Ante las últimas novedades, hoy militantes pro-gobierno iniciaron una serie de cortes de rutas y actos de protesta en varios puntos del país.

La presidenta es acusada de utilizar dinero de los bancos estatales para cubrir los déficits del presupuesto y ocultar la gravedad de los problemas económicos de Brasil con el fin de asegurar sus posibilidades de reelección.