El sábado, un comando de la Senad ingresó a la propiedad de la familia Zanotti Cavazzoni con la intención de decomisar una carga de marihuana. Terminaron matando a una nena de tres años e hiriendo gravemente a su tío. Lo que muchos consideran “un error” o un hecho “excepcional”, es algo habitual en el norte donde las fuerzas de seguridad actúan sin ningún tipo de control contando con la complicidad de jueces y fiscales.


El crimen de Viviana: no fue un error, así actúan.

Por José María Quevedo

Los sucesos que les voy a relatar no generaron debate, no ocuparon la primera plana de los diarios y no le costaron el puesto a nadie. Son casos donde las fuerzas de seguridad actuaron de la misma manera que lo hicieron los agentes de la Senad este sábado en la finca de la familia Zanotti; sin apego a la ley; violando todas las garantías constitucionales y disparando a discreción contra personas inocentes.

Caso uno

En septiembre de 2014, las FTC recibieron un dato: logísticos del EPP se reunirían, entrada la noche, en un descampado de la comunidad de San Francisco en Kurusu de Hierro.

Inmediatamente, se dispusieron a preparar el operativo. El ministro de la Senad, Luis Rojas, viajó especialmente para participar de la redada.

A las 6 de la tarde del 5 de setiembre, Marcos y Hermenegildo Ovelar acompañados por su cuñada María Gloria González, salieron a buscar una de sus lecheras.

Al ingresar a un montecito ubicado detrás de la vivienda familiar, las FTC les salieron al paso. De poco les sirvió levantar las manos. Los efectivos abrieron fuego sin mediar palabra contra los tres.

Hermenegildo murió instantáneamente. Marcos luchó sin éxito por su vida en Emergencias Médicas. María Gloria (quien además de recibir un disparo que le destrozó la mandíbula fue salvajemente acuchillada) sobrevivió de milagro.

Al percatarse del error, los uniformados hicieron lo que sus pares colombianos les enseñaron; vistieron a las víctimas de ‘Para para’i’, les plantaron evidencias y los presentaron como miembros del EPP. El vocero de la fuerza, Marcos Urdapilleta, se encargó de los medios.

Explicó que los efectivos de las FTC manejaban información acerca de una reunión del grupo de apoyo logístico del EPP en esa zona y que en plena tarea de control, un grupo alteó la posición de las FTC. Los desconocidos, sin mediar palabras, abrieron fuego contra los efectivos que respondieron al ataque.

Para reforzar su versión declaró que en poder de los “abatidos” se hallaron ropas “para para’i”, gran cantidad de municiones y un fusil máuser de calibre 30.

Carolina Quevedo, fiscal de Horqueta, es la encargada de investigar el doble homicidio. La agente del Ministerio Público anunció que la investigación penal se basará en los informe de las FTC.

Francisco de Vargas, ministro del Interior, se limitó a reconocer que pudo tratarse de “un error de procedimiento”.

Caso dos

El 15 de noviembre de 2014, en la zona conocida como núcleo 4 de Arroyito se realizaron dos allanamientos. El primero en la propiedad de Gerardo Ojeda y el segundo en la de su hijo, Vicente Ojeda.

El vocero de la FTC explicó que durante el procedimiento divisaron a tres personas y que estos, al percatarse de la presencia policial-militar, dispararon a los uniformados que respondieron de forma inmediata.

Urdapilleta, declaró que dos de los hombres huyeron del sitio y dejaron atrás a Vicente Ojeda, herido de gravedad. El presunto miembro del ACA (facción desprendida del EPP) fue trasladado en helicóptero “inmediatamente” hasta el hospital de Concepción donde los médicos constataron su deceso.

Sin embargo, Gerardo Ojeda (padre de Vicente) denunció que los agentes ingresaron disparando a su propiedad y que lo golpearon a él y a su nuera Zunilda.

El fallecido no tenía antecedentes penales ni orden de captura y tampoco figuraba en la lista de integrantes y buscados del EPP o el ACA.

El portavoz comentó que Vicente Ojeda era esposo de Zunilda Jara Larrea, hermana de Alfredo y Albino Jara Larrea (líderes del ACA) y hermano del Marcos Ojeda “Soldadito”, muerto en otro “enfrentamiento” con las Fuerza de Seguridad.

Según los datos de la FTC, Vicente era un miembro activo del ACA, primeramente como logístico y luego como soldado. Sin embargo, sus vecinos y su padre aseguran que Vicente se dedicaba al cuidado de animales y la plantación de sésamo y que nada tenía que ver con el ACA.

Caso tres

El 21 de octubre de 2014, dos efectivos policiales se presentaron en la casa de Gumersindo Toledo y le indicaron que “el jefe” quería conversar con él. Lo alzaron a una patrullera y se lo llevaron sin darle muchas explicaciones.

En la comisaría de Arroyito mediante amenazas y malos tratos, tres efectivos lo interpelaron solicitándole información sobre el paradero del agente policial Edelio Morínigo, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Como Gumersindo no tenía ningún tipo de información, los agentes optaron por llevarlo hasta a una estancia donde otros agentes de policía lo asfixiaron con una bolsa de polietileno (submarino seco), le aplicaron golpes de puño, pasajes de corriente eléctrica (picana eléctrica) y golpes fuertes en las plantas de los pies. Después de aproximadamente 40 minutos de torturas, los mismos agentes lo trasladaron hasta su casa, advirtiéndole que esa no iba a ser la única vez que iban a buscarlo.

Caso cuatro

Agustin Ledesma tenía 17 años y era sordomudo, pero su discapacidad no le impedía involucrarse en los asuntos que preocupaban a la comunidad en la que vivía.

El 11 de abril de 2012 cruzó la Ruta V y se internó en un bosquecito donde solía juntar barro para fabricar bodoque para su hondita. A la vuelta se quedó comiendo mandarinas.

Un comando de las FTC liderado por el comisario Juan Ramón González rodeó el lugar. Aterrado, Agustín intento escapar, pero una ráfaga de balas le corto la carrera.

Lo arrastraron hasta la patrullera, le plantaron una ametralladora y lo presentaron como guerrillero.
Murió ocho días después en Emergencias Médicas.

Los vecinos exigieron justicia pero nadie dio la cara. Tampoco le costó el puesto a ningún funcionario.

Sus asesinos siguen libres y el daño a su familia jamás fue reparado.

Caso cinco

El viernes 18 de diciembre de 2015, Julián Ojeda salió de “marisca” desde su casa de Nueva Fortuna “armado” de un machetillo y una pala. Las FTC lo mataron entrada la tarde en las cercanías del Rio Ypané. Lo vistieron de “para para’í” e intentaron hacerlo pasar por miembro del EPP.

Algunos de sus familiares se trasladaron hasta la morgue de Concepción, denunciaron el crimen y reclamaron una explicación a las autoridades.

hijos
Julián Ojeda dejó una viuda y nueve huérfanos.

Las dudas sobre el procedimiento, obligaron al vocero de las FTC, Amilcar Vera a entregar una versión de lo sucedido.

“Cayó abatida una persona, pero nosotros en ningún momento afirmamos que era del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); nosotros hablamos de que era miembro de una banda criminal”, indicó a una radio capitalina.

Vera informó que quedaría a cargo del fiscal Joel Cazal determinar o precisar “de qué grupo delictivo formaba parte el hombre”.

Agregó que contaban con “información de inteligencia” que vinculaba a Ojeda con actividades criminales.

“Nosotros participamos de un hecho, teníamos información de inteligencia de que el lugar del incidente era un corredor de movilidad de personas o elementos que se movían con uniforme camuflado y armas largas, con cierta frecuencia”, explicó militar.

Sostuvo que las fuerzas de seguridad fueron a verificar el lugar y se percataron de la presencia de un grupo de personas. Manifestó que los soldados no pudieron precisar la cantidad de personas que acompañaban a Ojeda debido a la oscuridad.

“Le intimaron el alto y recibieron disparos como respuesta. Por supuesto, ese fuego fue respondido” finalizó Vera.

Caso seis

El día 3 de marzo de 2016, a las dos de la madrugada, una fuerte dotación de las FTC, en siete vehículos, se trasladó a la localidad de Nueva Fortuna, allanando con extrema violencia a cinco familias del lugar, todas vecinas de Julián Ojeda Espínola, poblador asesinado por los componentes de las mismas fuerzas militares y policiales, en la noche del 18 de diciembre de 2015. Las viviendas allanadas pertenecen a Rosa Emildia Aquino, Emilce López, Javier Díaz, Natalia Aquino y Catia Nariani Duarte.

Hartos de los atropellos, los pobladores se comunicaron con los miembros de la Pastoral Social que concertaron un encuentro con los mandos militares desplegados en la zona. Ante ellos, Rosa relató lo sucedido.

“Desde las doce de la noche nuestro perro comenzó a inquietarse con furiosos ladridos. Le dije a mi marido: “seguramente están tratando de llevar nuestra vaca, me levantaré a mirar”. Si van a robar no vas a impedir, me respondió, mejor tranquilízate y vuelve a dormir”. Le obedecí pero no me tranquilicé ni ya pude dormir. A las 02:00 hs se oyeron gritos: “¡Somos de las fuerzas de Tarea Conjunta, abran la puerta!”. Diciendo esto pateaban ya la puerta. “Enseguida, mi jefe”, le contestó mi marido y se levantó como estaba, en pantaloncitos y sin camisa. Trató de abrir, pero, con el susto y el apuro, no acertaba la cerradura, además los soldados, desde afuera, tenían aferrado el picaporte. Entonces abrí la ventana y sacando la cabeza les dije: “suelten, por favor, el picaporte para que les pueda abrir”. Así hicieron y se abrió la puerta. Le tomaron del cuello a mi marido arrojándole al suelo, le pisaron la cabeza y le encañonaron el fusil en la sien. A mí me agarraron y me tiraron contra la pared y el ropero, poniéndome la punta del arma en el pecho y conste que tengo una herida en el bajo vientre, a raíz de una cirugía reciente. Mientras tanto, en la otra pieza, mis dos hijos, una nena de 13 años y un niño, de 10, lloraban desesperadamente. Los soldados forzaron la puerta, tiraron salvajemente del brazo a la niña y golpeándole uno de los senos que hasta hoy lo tiene hinchado. Rompieron el televisor, nos llevaron Gs 200.000, que teníamos guardados para pagar una cuota de nuestra cama, incautaron nuestras cédulas de identidad. Nos tuvieron así aterrorizados por casi dos horas y finalmente nos hicieron firmar un escrito, que era, según dijeron, el resultado del allanamiento y entregándonos también la orden de allanamiento que permitía estos ultrajes”

“Yo le ruego, General, que dejen de actuar así y que, por favor, agarren de una vez a los malvados, quienes, dicen ustedes, rondan entre nosotros”

Rosa, entregó una copia del “llamativo” Mandamiento de Allanamiento, cuyo pedido está encabezado por el Fiscal Joel Cazal y firmado por el Juez Hernán Centurión, de Horqueta.

En el documento no se identifican personas ni viviendas a ser allanadas, sino todo lo que se ubica dentro de unas coordenadas geográficas. Además la realización en horarios nocturnos que contradice la Constitución Nacional y las leyes, a pesar de que el Juez delinea algunos fundamentos legales pero bastante inconsistentes.

Después de oír el relato de la señora Rosa, los jefes militares y policiales pidieron disculpas de lo sucedido, aduciendo que los soldados que participan de estos procedimientos son jovencitos y al entrar en acción, generalmente, son poseídos por el miedo y el terror, por lo que actúan con exceso. Además utilizaron una frase, para nosotros, totalmente inapropiado para el momento: “lo hecho, hecho está y ya no tiene remedio”.

No fue un error, así actúan.

(N de R: muchísimos casos como los compartidos en este breve artículo pueden encontrarse en el libro ‘Relatos que parecen cuentos’ publicado por el monseñor Pablo Cáceres (Pai Pablito) y el profesor Benjamín Valiente).