En la descripción inicial de sus alegatos finales, el abogado defensor se refirió a la acusación que los fiscales hicieron contra Rubén Villalba. Sostuvo que el hecho de ser el líder de una organización campesina no lo convierte en criminal.


“A lo largo de estos años de la llamada ‘transición democrática’ centenares de movilizaciones campesinas fueron reprimidas y muchos dirigentes campesinos asesinados, nunca en esas movilizaciones hubo un solo policía muerto. Sólo se mataron campesinos y obreros y sus muertes nunca han sido investigadas” enfatizó.

“Las tierras que fueron defendidas por nuestros antepasados en la guerra grande fueron luego repartidas ilegalmente durante la dictadura stronista a los amigos del poder, entre ellos a Blas N. Riquelme. Sobre esto, luego se entregaron las más ricas tierras de nuestro país a empresarios extranjeros para plantar enorme extensiones de soja y soja y más soja que destruyeron el ambiente, deforestando y contaminando ríos y arroyos con agrotóxicos. En el Parlamento Nacional están muchos de esos latifundistas que se enriquecieron contra la dictadura”.

“Ante esto, los campesinos se organizaron para reivindicar sus derechos, en este caso, el Constitucional derecho a la tierra. El respeto a la propiedad privada no es una cuestión absoluta, es relativo y está supeditado a los intereses de toda la nación. Un latifundista puede ser expropiado por Ley y quienes adquirieron tierras de manera irregular pueden ser pasibles de nulidad de títulos. En nombre de la propiedad privada no se puede asesinar a personas, enjuiciarlos irregularmente y mucho menos pretender condenarlos arbitrariamente.” sentenció el letrado

No existen pruebas

En un segundo momento de sus alegatos explicó que en el juicio no se ha presentado ni una sola prueba testifical, pericial o instrumental que demuestre que los campesinos se organizaron para asesinar policías.

“La Fiscalía por un lado afirma que se instalaron (los campesinos) en Marina kue con intenciones de afincarse y por otro lado afirma que tenían una ruta de escape luego de ejecutar la supuesta emboscada. Esto no sólo es absurdo, sino además no fue probado de manera alguna en juicio, es una especulación de los agentes fiscales, ya que no se demostró que hayan tenido medios para ejecutar la emboscada ni mucho menos para efectuar la huída”.

Continuó explicando que en el juicio tampoco se ha podido probar por medio alguno que los campesinos hayan recibido entrenamiento previo en uso de armas y tiro a larga distancia como afirmó el Ministerio Público-Fiscalía en sus alegatos finales.

“No existen pruebas que sustenten la afirmación fiscal sobre supuesto delito de abigeo, delito por el cual además no están acusados en esta causa, tampoco se ha demostrado por medio probatorio alguno la afirmación fiscal sobre un supuesto ataque a estancia y quema de tractores, hecho por el cual tampoco están procesados los acusados” expresó Sisco.

En relación a las armas incautadas en el campamento campesino, Sisco recordó que el peritaje realizado a una escopeta casera calibre veinte evidenció que estaba rota, por lo tanto no pudo ser disparada. Tres escopetas caseras y herrumbradas de calibre 28 dieron negativo en la prueba de isótopos, lo que significa que no fueron disparadas. El peritaje realizado el rifle de aire comprimido presentado por la Fiscalía determinó que no era apta para su uso. La escopeta calibre 12 también dio negativa en la prueba de isótopos, no fue disparada.

“La escopeta americana calibre 12 presentada por la Fiscalía fue denunciada como robada por su propietario, un militar retirado, días posteriores a la masacre, lo que significa que no pudo haber sido utilizada el 15 de junio en Marina Kué. La fiscalía dijo que esta arma fue usada por los campesinos, mintió, es una prueba introducida de manera ilegal y esto quedó muy claro para el tribunal en este juicio.” afirmó el defensor.

“Sobre el revólver calibre 28 la mayoría de los testigos afirmó en juicio que un hombre con remera roja era quien la portaba, sin embargo, en sus alegatos finales la Fiscalía sostuvo que esa persona era Rubén Villalba y portaba una escopeta calibre 28, que según los peritajes, no fue disparada. Siguiendo el razonamiento de la Fiscalía en sus alegatos finales, debemos deducir que esa persona de remera roja no pudo haber disparado a Erven Lovera” explicó Amelio Sisco.

“En síntesis, Fiscalía intentó hacer encajar su relato con pruebas falsas e implantadas para incriminar a los campesinos, pero el montaje no cierra, tiene enormes fisuras.”