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El Estado paraguayo deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los múltiples cuestionamientos presentados por el abogado español de las víctimas y encausados Aitor Martínez. El canciller Eladio Loizaga fue notificado por el organismo a través de la representación permanente de Paraguay ante la OEA el último 29 de julio.


La petición (P-1950-14) se presentó en el año 2014 en base a dos artículos de la Convención de DDHH; los que refieren a la violación de las garantías procesales y la denegación del acceso a la justicia.

La primera incluye la violación del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a un juicio con garantías y a la presunción de inocencia y menciona la parcialidad con que el fiscal Jalil Rachid instruyó la causa.

La segunda tiene que ver con la denegación del acceso a la justicia por parte de las víctimas en los casos de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada, torturas sistemáticas y denegación u omisión de auxilio que los órganos jurisdiccionales se negaron a investigar.

La Cancillería recibió el requerimiento el último 29 de julio y tiene un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación para presentar sus alegatos.

Martínez investigó la masacre para la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos y se desempeñó como asesor de la defensa durante el juicio oral y público contra los hoy condenados.

 

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