El pedido fue presentado por el abogado español Aitor Martínez Jiménez como peticionario, representando a la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y en nombre de un grupo de afectados por el violento desalojo del 15 de setiembre de 2016 que dejó sin hogar a más de 200 familias. La solicitud de medida cautelar ante el organismo internacional ha sido registrada como MC-808-16.


El escrito presentado por el abogado Aitor Martínez detalla lo sucedido el 15 de setiembre de 2016 y pide a la CIDH que otorgue medidas cautelares a favor de las familias, teniendo en cuenta para ello el daño irreparable al que se expone a las familias desalojadas.

De acuerdo a la petición de medida cautelar presentada “El desalojo de las miles de personas que residían en la comunidad Guajhory fue una operación desproporcionada y de una virulencia inusitada. Además, ni siquiera fue una actuación netamente pública, sino que fue financiada por los empresarios de la zona, desarrollándose un operativo conjunto entre las fuerzas especiales de la Policía paraguaya, que ejecutaron el desalojo violento de las familias, y los productores privados que acompañaron el operativo destruyendo con su maquinaria las viviendas, controlando por helicóptero el despliegue y pagando a las autoridades competentes. A lo anterior se une que la operación no contó con orden judicial. En ningún momento se había autorizado por parte de la autoridad judicial de la zona llevar a cabo un allanamiento, ni desalojo, ni mucho menos la destrucción de las viviendas de las 240 familias que residían en la colonia Guahory”.

Según el abogado Martínez, no pretende entrar en el fondo del asunto y explica que su finalidad es que mientras se dilucidan las reclamaciones presentadas en sede jurisdiccional interna se permita el acceso de las familias a la finca cautelarmente.

“Si bien es necesario dilucidar la legalidad de la intervención, así como la titularidad de las tierras, es necesario adoptar, mientras se produce el análisis judicial de fondo en sede nacional, las necesarias medidas cautelares que aseguren a las 240 familias de los daños irreparables que se les puede producir. Sin embargo, las autoridades judiciales del Estado paraguayo no han dispuesto ninguna medida de protección de estas familias hasta que se diluciden las acciones, permitiéndose que los empresarios productores se encuentren en la comunidad actualmente beneficiándose de los “hechos consumados”. Por lo tanto, si bien se está combatiendo en sede judicial interna el desalojo, las familias están desplazadas y ninguna autoridad ha dispuesto que se precautelen sus derechos, por lo que se interesa mediante la presente petición que la CIDH solicite al Estado paraguayo que adopte medidas cautelares para permitir el ingreso de las familias a las tierras mientras se dilucidan las acciones en sede judicial paraguaya”.

Sin embargo, el abogado español recuerda que “…las autoridades judiciales no han adoptado ninguna medida cautelar que impida que se materialice un daño irreparable para las familias que se han quedado sin hogar. Mientras las organizaciones de la sociedad civil y diversos senadores están planteando acciones penales, la falta de aprobación de una medida cautelar ha permitido que los empresarios hayan accedido a la comunidad gracias a la aquiescencia judicial con los “hechos consumados”, permitiendo que se continúe destruyendo la comunidad, y admitiendo que las 240 familias habitantes de Guahory se encuentren expulsadas de la comunidad y sometidas a graves y en gran medida irreparables daños”.

 

La justificación jurídica que acompaña a esta solicitud de medida cautelar es la ponderación de derechos afectados hasta que se resuelvan las reclamaciones presentadas. “… la ponderación de derechos parece clara: La expulsión de la comunidad de la finca causaría un perjuicio enorme para las 240 familias que quedarían desplazadas sin medio de vida. Para los productores simplemente supondría un aplazamiento temporal hasta la resolución para poder desarrollar su actividad mercantil. Los derechos afectados de las 240 familias y reconocidos en la CADH [Convención Americana sobre Derechos Humanos] como la integridad (artículo 5), la familia (artículo 17) o la niñez (artículo 19), no pueden ser ponderados en detrimento de un supuesto derecho de los empresarios a la explotación económica que es ajeno a la CADH. La ponderación de derechos mientras se dilucida la titularidad efectiva de las tierras en relación al fondo del asunto parece evidente. Para unos supone una garantía vital y para otros un mero lucro empresarial”.

Por lo tanto, el objetivo de la medida cautelar planteada a la CIDH es lograr que se permita la vuelta de las familias a la comunidad a la espera de que se resuelvan las acciones presentadas en sede nacional.

Si bien el INDERT ha instalado una mesa de diálogo y ofrecido tierras en otro lugar a algunas de las familias, todas las autoridades del país han dado por hecho que los empresarios deben disfrutar de la tierra hasta que se resuelvan las acciones planteadas, algo que se pretende combatir en la CIDH.