El pago de sobornos por parte del presidente Horacio Cartes fue denunciado en 2015 por el congresista Mario Abdo y ratificado posteriormente por varios parlamentarios (Enrique Bachetta y Cynthia Tarrago, entre otros). ¿Por qué la justicia no interviene?


En junio de 2015, Ñanduti Digital publicó el correo de un vocero del EPP que implicaba al entonces jefe de la Senad, Luis Rojas, en el crimen del Capitan Enrique Piñanez. Una hora después, la fiscala Sandra Quiñónez se presentaba en la radio exigiendo que se le entregara la dirección desde la que se había enviado el mail.

También en junio de 2015, saló a la luz una grabación en la que el “narcoinformante” Ezequiel de Souza revelaba los nombres de funcionarios del gobierno, de autoridades fiscales y jueces implicados en el narcotráfico. El escándalo terminaó con la interpelación del ministro del Interior, Francisco de Vargas, su vice Javier Ibarra, el jefe de la Senad, Luis Rojas y una investigación no sobre las graves denuncias que hacía el hoy condenado narco sino sobre las circunstancias en que se registró el testimonio.

Hace poco más de un mes, el nuevo jefe de la Senad mencionaba la existencia de un plan para matar al presidente. Inmediatamente, la fiscalía abrió una investigación y convocó a declarar a todas las personas que opinaron al respecto. Esto incluyó al presidente del Congreso, Robert Acevedo.

Sin embargo, la justicia no ha procedido con la misma celeridad en un caso tan o mucho mas grave que los anteriores y que afecta directamente el funcionamiento de la república: la denuncia del pago de sobornos al Congreso por parte del presidente Horacio Cartes.

Todo empezó en mayo de 2015, cuando en el pleno del Senado, el titular del Congreso, Mario Abdo, acusó a un grupo de diputados de recibir sobresueldos de entre 10 y 30 millones de guaraníes de parte del Poder Ejecutivo.

La noticia no tuvo demasiada repercusión y la justicia prefirió mirar para otro lado.

Mirá la nota. 

En julio de 2016, el también senador Enrique Bachetta fue más lejos y reveló de donde salían los “sobres” y quién era el encargado de repartir el dinero.

“Los sobresueldos salen de Ñande Paraguay y los reparte Hugo Velázquez” denunció el parlamentario colorado.

“Enrique Bacchetta ratificó su denuncia y reiteró que el presidente Horacio Cartes tiene a un grupo de diputados en el bolsillo” agregábamos desde Nanduti Digital.

Mirá la nota.

Tampoco la justicia tomó nota de semejante declaración.

La última que se refirió al tema fue la diputada oficialista Cynthia Tarrragó, quién en octubre de este año (y en ocasión de votarse la enmienda) acusó a muchos de sus colegas de ser “mercenarios y piratas de la política”.

Dijo que los colorados que amenazaban con votar en contra del proyecto reeleccionista solo buscaban “negociar mejor sus votos” y agregaba que en la Cámara Baja “rige la ley del más vivo”.

Mirá la nota.

En Brasil, la denuncia de “compra-venta” de votos echa por la revista Veja en 2004, desató el escándalo conocido como “mensalão” que le costó la carrera a 21 funcionarios.

Después de esta breve descripción de hechos solo me queda una pregunta ¿Por qué pese a las reiteradas denuncias esos fiscales tan “diligentes” prefieren mirar para otro lado cuando las denuncias involucran al presidente de la República?