Cuando sobre las tres de la madrugada del pasado martes saltó la noticia sobre la detención por los servicios secretos del ministro de Economía ruso, Alexéi Uliukáyev, algunos se acordaron del gusto que tenía el KGB de la época estalinista por practicar arrestos a altas horas de la noche.


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Los teléfonos debieron de arder en plena oscuridad en casa de más de un ministro: “ahora estamos todos bajo vigilancia”, describió un alto cargo del Ejecutivo a un medio occidental el nerviosismo que se ha instalado en el Gobierno de Dmitri Medvédev.

“Todos deben saber que a cualquiera le puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Este es el mensaje”, reaccionó a la noticia el veterano líder opositor Gueorgui Yavlinski, que calificó la detención de una “potente acción para atemorizar al funcionariado”.

La mayoría de los analistas, sin embargo, apuntan al todopoderoso Ígor Séchin -presidente de la petrolera pública Rosneft y amigo personal de Putin desde que ambos trabajaban en el KGB- como el hombre detrás de la caída de Uliukáyev.

Muy pocos en Rusia, ni siquiera los más fieles partidarios de la política del Kremlin, se creen la versión oficial, según la cual Uliukáyev habría osado chantajear a Rosneft, siendo quién es su presidente, a cambio de permitirle privatizar otra empresa del sector.

Las autoridades rusas sostienen que el ya exministro fue detenido in fraganti al recibir un soborno de dos millones de dólares de Rosneft, en una operación secreta organizada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Según esa versión -avalada por la Fiscalía y por el juez que decretó arresto domiciliario para el extitular de Economía- Uliukáyev amenazó a la compañía de Sechin con ponerle las cosas difíciles si no le recompensaba por autorizar la compra del paquete de acciones en manos del Estado de la petrolera Bashneft.

Mientras, las hemerotecas recuerdan que aunque en un principio Uliukáyev tachó de incoherente el interés de Rosneft, con el argumento de la titularidad pública de ambas petroleras, luego precisó que la operación era jurídicamente posible pues la ley sobre la privatización no lo prohibía expresamente.

Sea como fuere, el FSB fue tras el ministro meses antes de que hiciera esa precisión, pero lo que es más llamativo, el pago del presunto soborno tuvo lugar con la privatización de Bashneft ya cerrada a favor de la compañía de Séchin.

El presidente ruso, según reconoció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, estuvo en todo momento al tanto de la operación contra su ministro, que seguía al timón de la política económica del país mientras todas sus conversaciones eran escuchadas y grabadas por los servicios de inteligencia.

Un miembro de alto rango de las fuerzas de seguridad reveló al diario “Védomosti” que al menos otros cuatro cargos públicos de primer orden estaban entre los objetivos del FSB, entre ellos el viceprimer ministro, Arkadi Dvorkóvich, y el exministro de Economía y ayudante de Putin en esa materia Andréi Beloúsov.

Ambos criticaron las aspiraciones de Rosneft, mientras que Beloúsov la llegó a calificar de “una tontería”.

Volviendo a la preocupación expresada desde el anonimato por algunos miembros del Gobierno, hay quién ve en la detención de Uliukáyev un mensaje de Putin a toda la elite política del país: a partir de ahora, nadie es intocable.

Si bien son pocos los que se creen que el ministro extorsionó a uno de los hombres más próximos al jefe del Kremlin, menos aún son aquellos que confían en la honestidad de los políticos en un país en el que la corrupción se da por descontada como un mal endémico permeable a toda la sociedad.

En el último año, las autoridades rusas han detenido por corrupción a dos gobernadores regionales, mientras que tan sólo esta semana, han caído en manos de la Justicia dos vicegobernadores de Kémerovo, la región minera más importante del país, un exvicegobernador de San Petersburgo y el alcalde de una ciudad próxima a Moscú.

“Putin demuestra a sus partidarios que él es ese líder duro y decidido con el que ellos sueñan”, opina Fiodor Krashennikov, director del Instituto de la Modernización de las Relaciones Públicas de Yekaterimburgo.

Arturo Escarda –  EFE