El expresidente de la República, afirmó que la tercerización de los puestos de peaje del MOPC es injustificable. Expresó su solidaridad con los sindicalistas del ministerio, que protestan contra la medida. Lamentó que la ANR no se pronuncie sobre la situación.


A través de su cuenta en Twitter (@nicanorDF), el exjefe de Estado se pronunció sobre la situación en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este lunes funcionarios del ministerio se manifestaron contra la la concesión de todos los peajes del país. Aseguran que es un gran negociado.

Sostuvo que la tercerización es una arremetida privatizadora del gobierno antinacional de Horacio Cartes”. Según el exmandatario, con un margen de ganancias anual de casi USD 28 millones que tiene la cartera de Estado, la tercerización de los peajes es “injustificable.

“Con estos recursos de peaje y báscula se financian la conservación y reparación de caminos vecinales, troncales y puentes en 17 distritos. El MOPC va recibir sólo USD 4 millones, dejando de recibir los USD 28 millones. Habrá un impacto social negativo para las comunidades. Para el gobierno los caminos vecinales y troncales no representan un interés económico inmediato. Serán abandonados a su suerte”, tuiteó.

De acuerdo al político, la entrega de las rutas nacionales al capital privado es una política más de la “modernización” excluyente que supuestamente el Gobierno profundiza. Agregó que todos los planes están orientados a las multinacionales o las empresas del Grupo Cartes.

Lamentó el silencio del Partido Colorado y de otros sectores, que dijo “no pueden oponerse porque son clientes históricos de la patria contratista”.  “El cartismo aplica el manual neoliberal que desfinancia y destroza los servicios públicos para luego privatizar como única salida”, insistió.

Finalmente aseguró que la entrega de 15 puestos de peaje al sector privado “no sólo es un negociado sino una agresión directa a la orientación política de la ANR”, pues recordó que la Orientación Política (punto 6) de la convención del año 2007 rechaza toda privatización y condena el neoliberalismo.

“Este punto no ha sido modificado en ninguna convención siguiente. Su vigencia exige detener todo intento privatizador del oficialismo. El tribunal de conducta de la ANR, experto en amenazas estériles, debería comenzar por analizar este vergonzoso acto de traición”, sentenció.