Argentina aspira a convertirse en un referente internacional pese a contar entre sus fronteras con una de las principales redes de trabajo esclavo y negocios ilegales del mundo, que acentúan la inseguridad, impiden despegar al país y dañan a los sectores más desfavorecidos, víctimas de la trata de esclavos.


La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) estima que actualmente existen, sólo en la ciudad de Buenos Aires, unas 25.000 personas trabajando de forma ilegal en unos 5.000 talleres informales.

Pero la realidad es mucho más dura en un país que busca afianzar la creación de empleo de calidad tras más de 5 años de destrucción estructural de puestos laborales y que ya de por sí tiene en la creciente inseguridad ciudadana una de sus principales preocupaciones.

Para el diputado nacional del oficialismo Marcelo Sorgente Argentina es “claramente líder del negocio ilegal” en América Latina con mafias de “peruanos, bolivianos, paraguayos y demás que vinieron al país porque encontraron la barrera muy baja para ingresar y delinquir”, explicó en declaraciones a Efe.

Una proliferación que para Sorgente se llevó a cabo con la complicidad del poder ejecutivo, legislativo y judicial a lo largo de estos años y que ahora tiene vocación de cambio gracias a la existencia de “una decisión política” para erradicar esta problemática.

El diputado fue el impulsor de un proyecto de ley para eliminar La Salada, la feria ilegal más grande del mundo según datos de Naciones Unidas, que está ubicada en el conurbano bonaerense, y que junto a otros mercados irregulares del país austral mueven unos “70.000 millones de pesos”.

“Hoy hay casi 600 Saladitas en todo el país. Se ha franquiciado este sistema e incluso se quiso exportar” en el pasado, señaló Sorgente sobre un entramado en el que trabajan unas 50.000 personas y que -asegura- fue “propiciado” por las políticas “corruptas” del anterior Ejecutivo, liderado por Cristina Fernández (2007-2015).

En su lucha contra el trabajo ilegal, Sorgento impulsó una campaña de detección y clausura de talleres clandestinos con más de “400 denuncias hechas” y diez centros ya precintados.

Un entramado detrás del que se encuentra “gente con mucho dinero” y empresas que explotan en situación de esclavitud a ciudadanos en una situación vulnerable.

Este es un tema candente en Argentina después de que en varias ocasiones ardieran estos centro de trabajo ilegales con el resultado de víctimas mortales.

El último escándalo se produjo tras la muerte de dos niños en un incendio en el barrio porteño de Flores, una de las zonas con más establecimientos ilegales y con trabajo esclavo de la capital.

Esta lacra salpica incluso a la firma familiar de la primera dama argentina, Juliana Awada, cuyo sello figuraba en una lista de empresas que supuestamente recurrieron al trabajo esclavo.

La política del nuevo Ejecutivo, en colaboración con la Interpol, parece caminar hacia debilitar este músculo para intentar eliminar el problema.

Librar de manteros algunos de los barrios de la capital en los que estaban instalados, endurecer la ley migratoria para expulsar a aquellos inmigrantes que delincan en el país o solicitar la colaboración de la ciudadanía para detectar ilegalidades son algunas de las estrategias por las que ha optado la Administración de Mauricio Macri.

Por su parte, Ezequiel Conde, integrante de la Fundación Alameda -una de las ONG más implicadas en la lucha contra el trabajo esclavo- y presidente de la Federación de Sociedades Textiles, es más crítico.

El activista asegura que pese al paso de los años y Gobiernos, los accidentes o clausuras en este tipo de establecimientos ilícitos, la situación “está exactamente igual”.

“No se ha tomado ninguna medida, ningún accionar de ninguna política pública para llevar adelante el combate contra el trabajo esclavo”, dijo Conde en declaraciones a Efe.

El activista remarcó que “casi un 80 % de la mano de obra en costura que tiene Argentina es en negro” por lo que tacha de “show mediático” las políticas gubernamentales y acusa de no prestar apoyo real a las víctimas una vez detectada esta situación, precipitando su reinserción en otra red de tratas.

“No existe ninguna denuncia fuerte contra las marcas que utilizan trabajo esclavo ni ninguna denuncia ejemplar porque todo el mundo sabe que la clausura se volverá a levantar en cualquier momento y que todo se arregla mediante coimas (sobornos) a los organismos inspectivos”, agregó.

Estos delitos proliferan con mayor fuerza en las principales ciudades del país para garantizar la comercialización.

“Argentina tuvo durante los últimos 12 años un crecimiento bastante exponencial de todo lo que significan las mafias organizadas”, agregó Conde.

Alameda coincide en que para solucionar esta problemática hay que hacer regir la ley hasta el final, como CIAI, remarca la necesidad de construir un Parque Industrial de la Confección.

Polos sectoriales que a través de cooperativas permitan “desarrollar formatos productivos de ultima generación en condiciones de trabajo digno”, que además, incorporen “calidad de producto y diseño para posicionar y proyectar esta industria en el mercado regional”. EFE