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Así lo resolvió el juez Carlos Martínez. La fiscala Sandra Quiñonez se ratificó en que el periodista y la joven Antonia Almada fueron asesinados por orden del exintendente colorado. El abogado defensor había solicitado la nulidad de todo el proceso. El magistrado admitió las pruebas obtenidas si la orden judicial correspondiente alegando que no se puede "cercenar" el trabajo del Ministerio Público.


El abogado Ricardo Paredes solicitó que se excluyan los registros de llamadas hechas por Vilmar Acosta debido a que la fiscala Quiñónez accedió a estos datos sin contar con la orden de un juez, violando así las garantías procesales de su cliente.

Sin embargo, el juez de Garantías admitió las pruebas argumentando que hacer lugar al pedido de la defensa sería cercenar el trabajo del Ministerio Público y la policía .

La agente fiscal había señalado en Radio Ñanduti que el Código Penal le permite “pedir informes” sobre números telefónicos y llamadas entrantes y salientes sin necesidad de recurrir a una orden judicial.

Consultado por Nanduti Digital, el constitucionalista y extitular de la Conatel, Jorge Seal, confirmó que para acceder a cualquier tipo de registro que implique metadatos (como precisamente es en este caso) la fiscalía debe contar con la autorización de un juez.