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La acción de inconstitucionalidad fue planteada en noviembre del 2016 por el diputado en el caso San Agustín. En el caso se investiga la compra irregular y sobrevaluada de las tierras de la firma San Agustín S.A. por parte del Indert (por G 48 000 millones) a pocos días de las elecciones presidenciales del año 2013.