Ricardo Canese analiza el incremento en la tarifa eléctrica.


El aumento tarifario propuesto por la ANDE, y que entraría a regir a la brevedad, reduce –pero no elimina– privilegios de grandes empresas, pero, al mismo tiempo, castiga exageradamente a la pequeña industria, así como a la clase media. Se mantiene el privilegio de los mayores usuarios en todos los sectores en contra de los menores usuarios, con apenas cierta mitigación. Si se eliminarán totalmente los privilegios, las tarifas de la pequeña industria y de otros pequeños usuarios, así como de clase media, podrían congelarse sin perjudicar la expansión del sistema eléctrico de ANDE.

Veamos, primero, los aspectos positivos del aumento propuesto por ANDE. Después de recibir el gobierno de Cartes fuertes críticas por subsidiar abusivamente a las mayores empresas del país, entregándoles una energía por debajo del costo, la ANDE propone ahora reducir –sin eliminar totalmente– los enormes subsidios que disfrutaban una docena de grandes empresas, en su mayoría transnacionales, como CARGILL, VETORIAL y CERVEPAR, así como las ilícitas distribuidoras privadas CLYFSA y Colonias Mennonitas, que se abastecen en 66 kV y 220 kV (alta y muy alta tensión). Este subsidio lo habíamos calculado en más de un millón de dólares/año-empresa, en promedio, lo que constituía un evidente abuso (regalar dinero público al rico) .

En el caso de estos mayores consumidores de energía eléctrica del país, su tarifa subiría entre un 114% y un 70%, según el caso (categorías 620 y 640). La tarifa promedio que se le aplicaría a estas empresas estaría entre 248 y 262 Gs/kWh , lo que implica una tarifa entre 45 y 48 US$/MWh, apenas ligeramente más que la tarifa de la energía garantizada de Itaipú (43,8 US$/MWh). Aún se deben computar las pérdidas y los gastos de transmisión, así como los beneficios que debe tener la ANDE para expandir al sistema eléctrico, por lo que la tarifa en 66 kV y 220 kV, sin subsidio, debería ser bastante mayor . De cualquier forma, recalquémoslo, que se reduzca el subsidio a estos eternos privilegiados, es un hecho que debemos aplaudir y habría que alentar que se avance más, a fin de terminar definitivamente con el regalo que todavía se continuará haciendo.

Otro hecho positivo es que no se subirá la tarifa residencial (para las familias) hasta 300 kWh/mes, tanto la social como la que no tiene subsidio. Esta franja de consumo está constituida por las familias de menor renta.

Veamos, ahora, los aspectos negativos de la propuesta de aumentos tarifarios de ANDE.

En primer lugar, en forma casi absurda, la ANDE propone elevar mucho más las tarifas de las muy pequeñas industrias que se abastecen en baja tensión, que las de las más grandes, que se abastecen en media tensión (23 kV).  Así, los pequeños talleres y micro-industrias, que gozaban de una tarifa relativamente reducida en baja tensión tendrán que soportar subas entre 62% (consumo de 500 kWh/mes) y 48% (1.000 kWh/mes). En cambio, las industrias que se abastecen en media tensión soportarán subas entre 42 y 38% en promedio, algo menores, aunque también bastante mayores a las subas propuestas para el comercio en media tensión (entre 28 y 29%).

En segundo lugar, es al sector industrial de todos los rangos de consumo y tensión al que más se le sube la tarifa, como ya puntualizamos en media tensión más arriba. En baja tensión, mientras que para el sector comercial la suba será de tan sólo 5% (para 1.000 kWh/mes), para la industria, como ya se indicó, la suba será del 48% para el mismo nivel de consumo, cuando que la generación de valor agregado en la industria es mucho más significativa. ¿Por qué se castiga mucho más a la industria que al comercio?

En tercer lugar, otro hecho negativo de la propuesta de ANDE es que se mantienen los privilegios para las grandes residencias (poco más de 8.000, o bien menos de 1% del total de las familias del país , el exclusivo grupo de los propietarios de grandes mansiones), que se abastecen en media tensión (23 kV). Si bien la tarifa en media tensión para estas residencias subiría en aproximadamente un 33%, seguirían disfrutando de una tarifa (en torno a 288 Gs/kWh, en promedio, según modalidad de contratación) muy por debajo de, incluso, los muy pequeños usuarios que consumen 300 kWh/mes (tarifa de 351 Gs/kWh, más de 20% mayor).

En cuarto lugar, se golpea a la clase media popular, con un aumento, para consumos de 300 a 500 kWh/mes, de 10,5% y para la clase media-media (consumos de 500 a 1.000 kWh/mes), con una suba de 15,0% en dicho nivel de consumo. Estos aumentos deberían desaparecer –particularmente para la clase media popular– o al menos mitigarse, lo que bien se podría compensar terminando el privilegio para grandes mansiones. ¿Por qué la familia de clase media tendrá que pagar mucho más que las familias más opulentas, tan sólo el 1% más rico del país?

Por último, se mantienen los privilegios para los grandes comercios que se abastecen en media tensión con tarifas mucho menores (entre 280 y 288 Gs/kWh) que el pequeño comercio, que deberá soportar tarifas de 406 Gs/kWh, en ambos casos ya con la suba propuesta. ¿No es ilegal e injusto que el pequeño comercio soporte tarifas abusivamente mayores a los grandes supermercados y shoppings? Lo mismo ocurre con los grandes latifundios, con relación a la pequeña finca campesina o agrícola, pues ésta soporta tarifas mucho mayores.

¿Cuál sería una propuesta más aceptable? Que NO suban las tarifas industriales, particularmente para las más pequeñas industrias, así como tampoco para las familias de clase media y que, en cambio, se reduzcan aún más los privilegios de los grandes consumidores en 66 kV y 220 kV (una docena de grandes empresas), subiendo su tarifa para que la ANDE no pierda, lo mismo que para el 1% de grandes mansiones, que deberían pagar al menos lo mismo –o incluso más– que una familia de clase media. Además, la suba al sector industrial en ningún caso debería ser mayor que la suba a los sectores comercial y general; y, en estos últimos sectores, los grandes consumidores (shoppings, supermercados, latifundios) deberían pagar al menos lo mismo que el pequeño comercio y que el pequeño productor agropecuario, y no mucho menos, como propone mantener la ANDE.

Con las rectificaciones que proponemos, y que se exponen con mucho más detalle en el libro citado, no sólo se podrían congelar las tarifas para la clase media y las pequeñas/medianas industrias, sino incluso ampliar la tarifa social, por ejemplo, reduciendo la tarifa para el sector más popular de la clase media (de 301 a 500 kWh/mes), así como para las pequeñas industrias, que son las que mayor valor agregado crean para el país. Debe generarse, además, una saludable equidad entre las industrias, comercios, productores y familias de menor consumo, y los grandes, hasta llegar a lo ideal, que los pequeños usuarios paguen menos que los grandes, y no al revés, como ocurre lamentablemente hasta ahora.

[1]     Ricardo Canese. Energía eléctrica en Paraguay. Asunción: SITRANDE, diciembre de 2016, Cuadro 4.6.4.a, p. 165. Solo la docena de empresas abastecidas en alta tensión recibían hasta ahora, según nuestros cálculos, un subsidio de 16,1 MUS$/año a la subsidiada tarifa vigente.

[2]     Son tarifas binómicas y su valor en kWh depende de cómo se contrata y usa la potencia; para la cifras citadas, se considera un caso típico.

[3]          La propia ANDE, en su respuesta al Congreso en febrero de 2016, manifestó que la tarifa sin subsidio para usuarios en 66 kV debería ser de 321,77 Gs/kWh, calculada a una tasa de 5.921 Gs/US$, lo que equivale a una tarifa de 54,3 US$/MWh, aproximadamente un 20% más de las tarifas ahora propuestas por ANDE, por lo que las mayores empresas privadas del país continuarán siendo subsidiadas, aunque en menor medida que hasta ahora

[4]     Hay más de 1,3 millones de usuarios residenciales. Las 8.000 mansiones que se abastecen en 23 kV, a una tarifa mucho menor, son apenas el 0,6% de las familias del país.