Ricardo Canese cuestiona la polémica ley de APP y advierte sobre sus consecuencias inmediatas en este artículo de opinión para Nanduti Digital.


 

Tempranamente advertimos las gravísimas consecuencias que tendría la inconstitucional ley de Alianza Público Privada (APP) sancionada a fines del 2013 (que deja sin competencias al Congreso y al Poder Judicial), con la solitaria oposición de los parlamentarios del Frente Guasu. Hoy, incluso aquellos que aplaudieron a rabiar y defendieron a capa y espada tal inconstitucional ley, critican el primer contrato firmado por el gobierno Cartes en el marco de la Ley de APP, la concesión de las rutas 2 y 7, quizás porque sus amigos o empresas no fueron adjudicados.

La privatización de las rutas 2 y 7 (desde San Lorenzo hasta Pastoreo), a semejanza de la también ilegal concesión de la ruta 7 (desde Pastoreo hasta Ciudad del Este, a favor del papá del Ministro de Obras Públicas, Jiménez Gaona), será un abierto despojo a la ciudadanía, una clara fuga de divisas a favor de empresas de España (SACYR) y Portugal (MOTA ENGIL). Un pequeño grupo de privilegiadas empresas locales tendrá algunas migajas (el 20% de la participación). El 80% le corresponderá a empresas extranjeras.

Según la oferta, ahora aceptada por contrato, la ampliación de la ruta 2 y 7 tendrá un costo de 520 millones US$, es decir, de casi unos 3 millones de dólares por kilómetro, un costo descomunalmente inflado, que no se encuentra en la región ni en el mundo. Allí comienza el despojo, con un precio hiper inflado, mucho más que el costo básico calculado por el MOPC (unos 400 millones US$). El MOPC, sin siquiera explicar por qué, acepta que se transgreda su precio básico, de por sí sobrevaluado. Para peor, el MOPC adjudica al único consorcio que se presentó –no hubo competencia alguna– encabezado por una empresa, SACYR, que tiene demandas por incumplimiento de contrato en medio mundo (España, Colombia, Panamá, Chile).

¿Cuánto realmente invertirá el consorcio encabezado por SACYR? A lo sumo, el costo real de la obra, que con seguridad será la mitad, o incluso menos, de la cifra indicada; es decir, no más de 260 millones US$. ¿Invertirá esta suma? Tampoco, no hay que ser ilusos. Con el contrato en la mano, ahora firmado por el ministro Ramón Jiménez Gaona, irán a un banco local –Tapé Porá, para la concesión similar de la ruta 7 entre Pastoreo y Ciudad del Este fue al City Bank de Asunción, que le financió toda la obra– y, con el mero flujo de caja, que es fabuloso, le pedirán que les preste el dinero de los ahorristas paraguayos allí depositados. Como el costo está inflado, basta que el banco les otorgue el 50% del supuesto costo de la inversión para tener financiado el 100% de las obras que deberán ejecutar, bajo la mirada cómplice del MOPC.

Es decir, sin poner un sólo guaraní y menos un dólar, tendrán una recaudación que se estima le reportará al consorcio SACYR más de 1.000 millones US$ en 30 años, de lo cual el mismo Estado, o bien nosotros, los contribuyentes, deberemos aportar centenares de millones de dólares además de lo que recaude la concesionaria en peaje. Todo ello para que un consorcio español portugués, en un 80%, se lleve tales valiosas divisas sin haber puesto un céntimo propio. Una rentabilidad fabulosa…

Dentro de poco el MOPC firmará similar contrato con la misma empresa SACYR para privatizar el Aeropuerto de Asunción, lo que nuevamente será un despojo.

¿Quiénes fueron los parlamentarios que aprobaron, con aplausos y zapateos, la Ley de APP que es la que permite este abierto despojo del país? ¿Cuál fue la prensa que aplaudió a rabiar la aprobación de esta inconstitucional ley de APP?  La ciudadanía sabe quiénes fuimos los que nos opusimos a que se perpetren este tipo de despojos y quiénes fueron los que respaldaron esta bárbara modalidad de privatización que decíamos, y desgraciadamente teníamos razón, iba a ser un “saqueo y abuso”[1].

[1]     Ricardo Canese y Mercedes Canese. Saqueo y abuso: la ley de APP de Cartes. Asunción: JEROVIA, 2014.