Desde Base Is advierten que la decisión podría profundizar el conflicto entre las 300 familias asentadas y la empresa acusada de apropiarse de tierras estatales.


La Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) habría declarado como reserva privada las tierras en disputa entre 330 familias sin tierra y la empresa Perfecta, ubicadas en Yvyrarovana, departamento de Canindeyú, a 300 kilómetros de Asunción.

El dirigente campesino Jorge Mercado dijo que una comitiva del asentamiento visita hoy tanto la Seam como el Instituto de la Tierra (Indert) para corroborar la información que manejan.

Explicó que son 330 familias sin tierras de la región (más de 1500 personas) que se asentaron ya hace casi seis años en las tierras que consideran mal habidas, porque eran del Estado hasta que en 1969 la empresa Perfecta las recibió al dar a cambio una avioneta al régimen de Alfredo Stroessner.

“Vamos a defender nuestro territorio, o si no nos juegan todo”, dijo ante un escenario posible de nuevo desalojo, que sería el cuarto que soportan las familias desde 2012.

El gobierno de Horacio Cartes había convocado hace dos meses a una mesa de diálogo a ambas partes y les pidió buscar una solución.

Operativamente envió funcionarios del Indert para hacer un relevamiento de datos de las condiciones de vida de las familias y sobre la tierra.

Mercado explica que como parte de ese proceso fueron también funcionarios de la oficina capitalina de la Seam, y que las familias asentadas ahora están sospechando que en realidad lo que fueron a hacer es a levantar insumos para la declaración de reserva privada.

De ser así, el Estado paraguayo estaría desentendiéndose de su obligación de atender el conflicto social entorno a las tierras y además estaría generando soluciones parcialistas sin incluso interesarse en investigar los orígenes del conflicto.

El analista e investigador Abel Areco ve una similitud con otros casos de conflicto de tierra – caso de Rodriguez Teixeira y caso Marina Kue – y asegura que se trata de un mecanismo del Estado junto con las clases propietarias que busca bloquear la adjudicación de tierras a familias campesinas y también absolver a propietarios señalados de ser irregulares.

Al declarase como reserva, las tierras ya no pueden ser adjudicables para asentamientos campesinos, de acuerdo a las leyes agrarias vigentes.

De ser así se confirmaría que la sociedad paraguaya está ante un gobierno nacional dispuesto a legitimar a aparentes propietarios irregulares de tierra, en un país donde se calcula en 300 mil las familias agricultoras sin tierra y donde se registra una de las distribuciones más inequitativas de dicho elemento (un 3% de los propietarios concentra el 86% de la tierras).

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