El 23 de marzo de 2014 la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos presentó un escrito de denuncia ante la CIDH contra el Estado paraguayo por violaciones al debido proceso (artículo 8 de la Convención) y por denegación de acceso a la justicia (artículo 25 de la Convención). La causa fue registrada como P-1950-14.


El Dr Domingo Laíno compartió el último jueves 8 de junio un resumen de las acciones que la PEICC llevó y lleva adelante a través del abogado Aitor Martínez Jiménez en el Caso Curuguaty. Fue durante un charla en la Fundación Manuel Gondra con motivo de conmemorarse cinco años de la masacre.

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-El 15 de junio de 2012 se produce la denominada como Masacre de Curuguaty, en la que mueren 17 ciudadanos paraguayos, 11 campesinos y 6 policías, como consecuencia de un supuesto operativo de desalojo que pretendían ejecutar las fuerzas públicas.

– El 22 de junio de 2012 es destituido Fernando Lugo. El libelo acusatorio se basaba principalmente en los sucesos de Curuguaty. El juicio político se centró en una realidad que se había instalado en unos pocos días, que campesinos radicalizados por las políticas de la tierra de Lugo habían cercado a la Policía y había disparado contra miembros de las fuerzas de seguridad desarmados.

– La investigación de los hechos había recaído sobre la agente fiscal Ninfa Aguilar. Sin embargo, sorpresiva y unilateralmente el Fiscal General del Estado le entregó la causa a Jalil Rachid.

– Los miembros de la PEICC comenzaron a investigar los hechos desde el mismo día 15 de junio de 2012, encontrando múltiples evidencias que desmontaban el relato oficial que habían establecido los medios de comunicación y que había justificado la destitución presidencial.

– Tras meses de trabajo, el 2 de octubre la PEICC presentó públicamente su informe en el Hotel Armele. En el informe se demostraba lo que hoy todos sabemos.

– Los campesinos no estaban radicalizados y en posición de resistir por la fuerza a los policías.

– La finca no era propiedad de Blas N. Riquelme y su firma, Campos Morombí, sino que había sido donada al Estado largo tiempo atrás.

– Los campesinos, organizados en la Comisión Naranjaty, contaban con el permiso del INDERT, verdadero propietario de la finca, para permanecer en el inmueble.

– La fiscalía no contaba con una orden de desalojo, sino con una simple orden de allanamiento a los efectos de identificar a las personas que se encontraban en el inmueble.

– Se habrían cometido presumiblemente ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada de personas que fueron encontradas entre los maizales al día siguiente, omisión del deber de auxilio de muchos heridos y detenciones arbitrarias de al menos dos ciudadanos.

– Las escopetas incautadas no habían sido disparadas, excepto una de ellas, sin embargo ésta última estaba rota y no podía reproducir disparo alguno.

– Se habían introducido evidencias falsas como una escopeta Maverick, calibre 15, que no pertenecía al caso, ya que su desaparición se había denuncia días después de la masacre.

– No se habían incorporado evidencias a la investigación, como la cámara del helicóptero que sobrevolaba el operativo.

– No existía correspondencia entre las evidencias levantadas y las evidencias peritadas, lo que demostraba el vicio de todos los elementos de prueba que manejaba la fiscalía.

– El ocultamiento por parte del fiscal de cientos de casquillos 5, 56mm de armamento automático, lo cual fue incluso grabado en vídeo.

– La PEICC asumió la defensa de los imputados.

– Solicitó un conjunto de diligencias de prueba fundamentales que no fueron aceptadas por el fiscal, como por ejemplo, entre muchas otras, la toma de huellas dactilares (dactiloscopia) para averiguar si las armas incautadas habían sido empuñadas por los imputados.

– El 8 de octubre la PEICC presentó denuncias en la fiscalía de Curuguaty, haciendo entrega de ellas personalmente a Jalil Rachid, de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, intentos de comisión de desaparición forzada de personas, omisión de auxilio y detenciones arbitrarias, presentando múltiples evidencias al respecto. Jamás se contestó a esas denuncias.

– El 17 de diciembre fue asesinado Vidal Vega, quien colaboraba con la PEICC en el esclarecimiento de los hechos relativos a la titularidad del inmueble.

– Durante el desarrollo de la vista preliminar la PEICC elaboró diferentes escritos de nulidad en los que se retrataban gravísimas irregularidades en el proceso, solicitando el sobreseimiento de los acusados.

La primera condena internacional

– En marzo de 2013, sobre la base del informe de la PEICC, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus observaciones generales al examen de cumplimiento de Paraguay, condenó duramente al Estado:

“23. El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio del 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados (art. 6, 7, 14)”

“El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva”

– Ese mismo año se sumaron otros muchos organismos de derechos humanos a condenar al Estado paraguayo. En el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU diversos relatores y grupos de trabajo se dirigieron al Estado para instarle a investigar los hechos. Tal es el caso de: (i) La Comunicación conjunta del Relator sobre ejecuciones extrajudiciales y el Relator para la tortura, en relación a las presuntas comisiones de ejecuciones y torturas en el marco del caso Curuguaty ; (ii) La Comunicación conjunta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Relatoría de Independencia Judicial, Relator contra la Tortura y Relator de la violencia contra las mujeres, en relación a la situación de los detenidos durante la huelga de hambre ; y (iii) La Comunicación conjunta del Relator para la libertad de expresión, el Relator para los defensores de los derechos humanos y el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, en relación al asesinato de Vidal Vega .

Recomendaciones del EPU

De igual forma, en el último Examen Periódico Universal al que fue sometido Paraguay en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se emitieron por parte de Alemania y Estados Unidos dos contundentes recomendaciones relacionadas con el caso Curuguaty:

102.20 – “Velar por que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente, en particular en casos como los acontecimientos ocurridos en Marina Cué en Curuguaty en junio de 2012, a fin de esclarecer las denuncias y enjuiciar a los autores (Alemania)”.

104.1 – “Establecer una comisión independiente para investigar todas las denuncias verosímiles de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las medidas de aplicación de la ley adoptadas en 2012 en Marina Cué (Estados Unidos de América)” .

El trámite en la CIDH: la causa P-1950-14

Entre los meses enero y abril de 2014 los acusados se declararon en huelga de hambre. Tras más de 50 días de huelga se creó una delicada situación. La PEICC presentó un escrito de medidas cautelares a la CIDH en el que se alertaba del riesgo al derecho a la vida que existía y la irreparabilidad del mismo. La CIDH dirigió diversas comunicaciones al Estado paraguayo, quien, de oficio, decidió levantar la prisión provisional y sustituirla por el arresto domiciliario, poniéndose fin así a la huelga. La medida fue tramitada bajo la carátula MC-137-14.

– El 23 de marzo de 2014 la PEICC presentó un escrito de denuncia ante la CIDH contra el Estado paraguayo por violaciones al debido proceso (artículo 8 de la Convención) y por denegación de acceso a la justicia (artículo 25 de la Convención). La causa fue registrada como P-1950-14.

– Tras dictarse la sentencia el 11 de junio de 2016 la petición ante la CIDH fue activada.

– El 29 de julio de 2016 la CIDH comunicó al Ministerio de Exteriores paraguayo que se empezaba a estudiar la P-1950-14. Otorgaba al Estado 3 meses para responder presentando su escrito de alegaciones.

– En fecha 27 de octubre de 2016, a sólo dos días de que se venciera el plazo conferido al Estado paraguayo, a través de la correspondiente nota, solicitó a la Secretaría Ejecutiva que se le concediera una prórroga del plazo para proceder a dar traslado de su escrito de respuesta.

– La CIDH a través de la Secretaría Ejecutiva concedió la prórroga requerida mediante comunicación de 1 de noviembre de 2016 y estableció como nuevo plazo de contestación para el Estado paraguayo el 2 de diciembre de 2016.

– Sin embargo, el Estado paraguayo dio traslado de su contestación el 20 de diciembre de 2016, es decir, 18 días fuera del plazo conferido para que el Estado pudiera ofrecer su respuesta en el asunto en cuestión.

– Mientras tanto la PEICC presentó el 25 de octubre de 2016 escrito de ampliación de hechos.

– Además, el 13 de febrero de 2017 la PEICC presentó sus observaciones a la respuesta del Estado paraguayo.

– En estos momentos la causa se encuentra en estudio.