España cumple este jueves el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas después de cuatro décadas de dictadura. Una experiencia inédita entonces para una gran mayoría de ciudadanos y que dio paso a un Parlamento que redactó la actual Constitución.


Los españoles no habían votado en unas elecciones desde abril de 1936 por lo que muchos se acercaban por primera vez a las urnas aquel 15 de junio de 1977 y estrenaban así la democracia.

Como recuerda el entonces ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa tuvieron que “poner en marcha una cosa que ahora es normal: las urnas”, pero entonces hubo que buscar empresas dedicadas a fabricarlas.

La democracia era tan joven que el Gobierno había aprobado una amnistía política en marzo de ese año y un mes después legalizó al Partido Comunista, ya que si en esa formación las elecciones hubieran tenido “un punto de ilegitimidad”, reconoce Martín Villa.

El rey Felipe VI, que entonces era un niño de nueve años, subrayó hoy en un mensaje en Twitter que el 15 de junio “el pueblo español eligió libertad, democracia, reconciliación y concordia. No hay mejor camino para convivir y progresar día a día”.

Después de una campaña electoral cargada de ilusión, los ciudadanos votaron mayoritariamente a un partido recién fundado, Unión de Centro Democrático, liderado por Adolfo Suárez.

Este joven político, procedente del régimen franquista, tenía clara la necesidad de acabar con la dictadura y buscar la reconciliación de los españoles, para lo que contó con la complicidad del rey Juan Carlos, de su misma generación.

Ese primer Congreso de los Diputados reunió a las “dos Españas” que se habían enfrentado en una dramática guerra civil desde 1936 a 1939.

Llegaron al hemiciclo personalidades como la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri, “la Pasionaria”, que ya había sido diputada en 1936, o el poeta Rafael Alberti, los dos llegados meses antes del exilio, y compartieron espacio con antiguos ministros del dictador Francisco Franco, como Manuel Fraga o Federico Silva Muñoz.

Junto a estos veteranos, entraron en el Parlamento una generación de jóvenes políticos que en los años siguientes pilotaron la transición hacia la democracia de manera pacífica, como el expresidente del Gobierno socialista Felipe González, o el nacionalista Jordi Pujol, presidente de la región de Cataluña durante veintitrés años.

Esta transición política sirvió de ejemplo años después para procesos parecidos en diversos países de América Latina, que salían de dictaduras, según han reconocido diferentes líderes latinoamericanos.

En pocos años España vivió una importante transformación tanto desde el punto de vista económico, como político y social. Empezaron con la redacción de una nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1978, marco para futuras leyes que iban desde la reforma fiscal hasta normas que reconocían derechos sociales como el divorcio o el aborto.

Todo el proceso de transición se produjo bajo dos amenazas: el peligro de un golpe de Estado que supusiera una involución política, y el terrorismo, tanto por parte de ETA y otro grupo terrorista llamado GRAPO, como por grupos de extrema derecha.

ETA realizó en esos años múltiples atentados contra militares, policías y guardias civiles, que alentaban a los involucionistas; y la extrema derecha, seis meses antes de las elecciones, en enero de 1977, asesinó a cinco abogados laboralistas en un despacho de Madrid.

Cuarenta años después, aún quedan algunas cuestiones pendientes como el llamado “encaje territorial” de España, es decir, la relación política entre el Estado central y las regiones con fuertes convicciones nacionalistas como Cataluña y el País Vasco.

Tampoco se resolviò del todo el reconocimiento de la memoria histórica de la víctimas de la guerra civil y la dictadura.

Este jueves, diversos colectivos han pedido a los partidos que impulsen una Ley de Víctimas del Franquismo que condene al régimen en los términos establecidos por la ONU y que les reconozca los mismos derechos de otros colectivos de víctimas.

Todavía quedan miles de cuerpos enterrados en fosas comunes o en cunetas de carreteras a lo largo de todo el país, fusilados de manera ilegal y sin identificar, ochenta años después del comienzo de la guerra civil. EFE