Contestó 18 días fuera del plazo establecido y alegó que no se agotaron los recursos internos. El abogado de los peticinarios atacó el argumento denunciando que Paraguay incurre en "dilaciones indebidas" como estrategia para evitar responder sobre el caso.


La cruz que recuerda el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Andrés Riveros, uno de los campesinos que podría haber sido ejecutado./César Stevens

Por José Maria Quevedo

El 29 de julio de 2016, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio traslado al Estado paraguayo de la demanda formulada por la Platafaroma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) indicandolé que se le confería un plazo de 3 meses para responder realizando las alegaciones que considerara pertinente.

El 27 de octubre de 2016 y a sólo dos días de que se venciera el plazo, Paraguaya solicitó a la Secretaría Ejecutiva que se le concediera una prórroga para dar traslado de su escrito de respuesta.

La CIDH se la concedió estableciendo como nuevo plazo de contestación el 2 de diciembre de 2016.

Sin embargo, el Estado paraguayo dio traslado de su contestación el 20 de diciembre de 2016, es decir, 18 días fuera del plazo conferido.

Según la respuesta del abogado de los peticionarios al que tuvo acceso Nanduti Digital esto implica que “…el Estado paraguayo ha desatendido absolutamente el procedimiento, vulnerando los plazos establecidos por la Secretaría Ejecutiva, así como los máximos fijados por el Reglamento CIDH”.

Las “dilaciones indebidas” como estrategía

Al momento de la respuesta del Estado a la CIDH, el Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá no había resuelto la apelación al fallo que condenó a los procesados presentada por la defensa el 1 de agosto de 2016 y ese fue el argumento que el Estado usó para alegar que no se habían agotado los recursos internos ante el organismo. Lo que no dijo fue que el plazo que tiene que la justicia para resolver este tipo de recursos no puede exceder los 30 días y que por cuestiones ajenas a los peticionarios el plazo se había excedido en más de cien días. (X)

El abogado de los peticionarios denunció que el Estado Paraguayo utiliza una estrategia de “resolución tardía” para evitar responder sobre el caso: “…las víctimas han agotado todos los recursos ordinarios puestos a su disposición por el ordenamiento procesal paraguayo, siendo el Estado el único responsable de que no se resuelva el último de esos recursos” dice el documentrpesentado en febrero de 2017.

Un dato curioso: en su respuesta, el Estado paraguayo adjunta como documento anexo un informe de la Fiscalía General del Estado, una autoridad interna que en principio está gravemente comprometida en las alegaciones hechas por los peticionarios.

La respuesta completa

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Ejecuciones extrajudiciales, omisión de auxilio y detenciones arbitrarias

Respecto al punto que habla de la negativa sistemática del Ministerio Publico a investigar los abusos cometidos por la policía durante el procedimiento se limita a decir que existen unas investigaciones abiertas en sede fiscal desde el año 2012 en relación a una denuncia por torturas realizada por la Coordinara de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY).

Lo que en este caso omite decir es que la investigación no presenta ningún avance concreto y se limita a enumerar la caratula de un expediente que permanece inmóvil.

Tampoco hace referencia a las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, intentos de comisión de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y denegación de auxilio denunciados y reclamados por las víctimas, sus familiares, diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos y medios de comunicación.

En su respuesta el Estado paraguayo simplemente alega: “…Ahora bien, respecto a las denuncias de torturas [como si fueran las únicas identificadas por este peticionario], que van por separado de la causa principal, ellos son investigadas por el Ministerio Público en la causa No 46/2012, a cargo de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, sobre supuestos acontecimientos producidos durante el procedimiento fiscal policial realizado en 15 de junio de 2012, en el inmueble denominado finca Marina Cue, que fuera denunciado por la Coordinado (sic) de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), sindicando como supuestos responsables a efectivos policiales, sin que se haya identificado a los mismos, la que se encuentra abierta y respecto de la cual aún no existen imputados ni fue archivada”.

Es decir, tácitamente reconoce que la investiagación de los hechos no incluyó la forma en que murieron los ocupantes del predio dándole la razón a tods las organizaciones y activistas que cuestionan el trabajo del fiscal Jalil Rachid.

El abogado de los petionarios recuerda que el 8 de octubre de de 2012, presentó personalmente ante la Fiscalía de Curuguaty una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y despariciones forzadas, omisión de auxilio y detenciones arbitrarias de la que el Estado asegura no tener constancia siendo que se encuentra diligenciada con su correspondiente registro de entrada.

“…Desde aquel momento jamás se comunicó nada a los denunciantes y ahora, más de 4 años después, el Estado paraguayo omite su recepción ante este organismo. Y todo ello habiendo dado traslado esta parte en su escrito de demanda de 23 de marzo de 2014 de copias de las referidas denuncias con sellos de entrada de la propia Fiscalía paraguaya. Ello demuestra de manera palpable la denegación de acceso a la justicia de las víctimas que denunciaron en sede interna y que hoy acuden al Sistema Interamericano” señala el abogado, que agrega:

“La situación de impunidad que se ha generado ha sido tan lacerante que ha conllevado incluso el pronunciamiento de gran parte de los mecanismos de control internacionales en materia de derechos humanos, donde se les ha exigido expresamente la realización inmediata de investigaciones al respecto…”

Informe adicional de la Fiscalía de DDHH

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(x) El Artículo 471 del Código Procesal Penal dice:

– Admisión y resolución 
“Recibidas las actuaciones, el tribunal de apelaciones, si se ha ofrecido prueba, se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación o, de oficio, convocará a una audiencia pública dentro de los quince días.
Si no se convoca a dicha audiencia, examinará el recurso interpuesto y las adhesiones, para decidir sobre su admisibilidad y procedencia dentro de los quince días siguientes. Si se declara inadmisible se devolverán las actuaciones”.