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Después de tres exhortos y dos respuestas que no hacían más que confirmar que Paraguay no tenía intención de procesar a los represores, la fiscalía no tuvo otra alternativa que abrir las causas.


Martínez Jiménez explicó que una vez presentada la querella en la Argentina contra los represores hoy imputados, el juez en el que recayó la causa mandó un exhorto al Paraguay pidiendo que se le informara si las denuncias estaban siendo investigadas.

En un principio, Paraguay negó totalmente la cooperación judicial con Argentina y una prueba de eso es que tardó un año en responder la solicitud (Agosto de 2013-setiembre de 2014).

Las recomendaciones de organismos internacionales obligaron a nuestro país a tomarse enserio el asunto, aunque no tanto.

“Paraguay responde con un escrito de ocho páginas en el que dice que investiga desde el año 89, algo que podría parecer un chiste si no se tratara de crímenes de lesa humanidad”.

“Decir que desde el año 89 se está investigando cuando ni siquiera se les ha tomado declaración a los presuntos responsables es reírse de la justicia argentina”.

Pero la cosa no terminó ahí; hubo un segundo exhorto que (según el abogado) tuvo una contestación “aún más lamentable”.

“Llegaron a afirmar que los casos llevaban abiertos 25 años; 25 años sin que se hubiera practicado la mas mínima diligencia”.

El tercer exhorto de la justicia argentina fue determinante; informó que se acababan las comunicaciones y empezaba a operar sobre los casos.

La acción era inminente y la única opción que le quedaba a Paraguay era imputar.

“Para evitar la extradición, no le quedó otra que abrir las causas” explicó el abogado.