Hace cuatro años, el abogado español Aitor Martínez Jiménez le propuso a un grupo de víctimas de la dictadura apelar al principio de jurisdicción universal y presentar una querella en la argentina que obligara al Paraguay a reabrir las causas. La denuncia fue presentada junto con el abogado argentino, Juan Maida en agosto de 2013. Hoy, casi 4 años después, la Fiscalía paraguaya se ha visto forzada a imputar a los responsables.


El Ministerio Público imputó este lunes a 10 represores stronistas. Dos de ellos pasarán a prisión preventiva, mientras los otros 8 se encuentran en arresto domiciliario por su avanzada edad. Se les imputan delitos de tortura cometidos durante el régimen dictatorial. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora? Hay una razón que ha propiciado este repentino interés por investigar los crímenes de la dictadura: la querella presentada en Argentina por un pequeño grupo de víctimas en agosto de 2013 bajo el principio de jurisdicción universal, patrocinada por el abogado español, Aitor Martínez, y su colega argentino, Juan Maida.

 

El muro de la impunidad

En Paraguay reinaba un sistema de impunidad en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura. Las sentencias de la Corte Interamericana, las recomendaciones de la Comisión Interamericana o las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU daban cuenta de la impunidad existente en Paraguay. La Comisión Verdad y Justicia terminó sus trabajos en 2008 determinando 448 responsables que debían ser investigados por la Fiscalía. Sin embargo, la respuesta judicial en el país siempre fue la denegación de acceso a la justicia y el olvido de las víctimas. Los represores, como todas sabemos, campaban a sus anchas por el país.

 

Una propuesta de desbloqueo

A finales de 2012 el abogado español, Aitor Martínez, propuso a un grupo de víctimas activar una estrategia de desbloqueo. La idea era recurrir al principio de jurisdicción universal, una herramienta por la cual una tercera jurisdicción puede entrar a investigar crímenes internacionales (lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, entre otros) cuando la jurisdicción que tiene la competencia territorial no quiera conocer de esos hechos. Una herramienta de derecho internacional que sirvió para que en España, el juez Baltasar Garzón en los ´90 abriera investigaciones sobre los crímenes de la Junta Militar Argentina o los crímenes cometidos por Pinochet en Chile, llegando a detener a este último en Londres en 1998 en lo que fue un hito histórico para la jurisdicción universal.
El ejercicio de la jurisdicción universal desde España demostró que era una herramienta jurídica de lucha contra la impunidad tremendamente efectiva. La activación de las investigaciones en España contra la Junta Militar Argentina conllevó órdenes de detención internacional con pedidos de extradición que forzó a Argentina a derogar las leyes de obediencia debida y punto final para juzgar a los responsables en territorio nacional y evitar así la extradición a España. Algo parecido a lo que sucedió con Pinochet, quien volvió a Chile con la condición de ser juzgado en su país, para evitar así la extradición a España. Ejemplos similares hay muchos, como lo son las investigaciones abiertas en el caso de Guatemala o El Salvador por la Audiencia Nacional española. Las presiones de las órdenes de detención internacional terminaron por obligar a esos países a imputar a sus responsables en territorio nacional para evitar extraditarlos.
Sobre la base de estas experiencias españolas, Martínez propuso a finales de 2012 a un pequeño grupo de víctimas la presentación de una causa por jurisdicción universal en Argentina. Entre las víctimas se encontraba Martín Almada, Carlos Ortellado, la familia Rolón, Derlis Villagra y su madre, Celsa Ramírez, Domingo Laino, así como Margarita Mbywangy. La finalidad era que una vez comenzaran las investigaciones en el vecino país y se libraran órdenes de detención internacional contra los responsables, el Estado paraguayo se vería sometido al “aut dedere aut judicare” (“o juzgas o extraditas”) principio internacional que obligaría a Paraguay a juzgarlos en su territorio para eludir tener que entregarlos en Argentina.
Las ONGs a las que se les ofreció firmar la querella prefirieron mantenerse al margen. Ninguna se sumó a la acción en Argentina, o bien por haber claudicado ante una Fiscalía de piedra que se negaba a investigar estos hechos o probablemente porque no llegaron a comprender lo que se proponía.
El caso es que el pequeño grupo de víctimas, sin ningún apoyo institucional y sin contar con el respaldo de las grandes organizaciones de la sociedad civil paraguaya inmediatamente aceptaron la propuesta de Martínez. ¿El objetivo? forzar a Paraguay a investigar por la presión de un tercer país por el principio de jurisdicción universal los crímenes del stronismo.
La querella estratégica se presentó en la Argentina en agosto de 2013, arrancando la Causa 7300/2013 en el Juzgado Federal nº 5, a cargo por aquel entonces del Juez Norberto Oyarbide. Se aportaron todos los trabajos realizados por la Comisión Verdad y Justicia entre 2003 y 2008, ingente documentación del conocido como Archivo del Terror, informes desclasificados del Procedimiento 1503 de Naciones Unidas, y demás voluminosa información que, según comentaron los presentes, abrumó al propio Juez Oyarbide. La querella se articulaba sobre crímenes de lesa humanidad (ejecuciones, torturas, desapariciones, etc.) así como sobre el crimen de genocidio contra la comunidad Ache. La acción penal se dirigió contra 18 represores que seguían vivos y de los que se aportaron incluso sus domicilios. Para el juez argentino era inexplicable que con ese volumen de material criminal la justicia paraguaya no actuara. Y lo hizo la Argentina.
Los querellantes presentes ratificaron en ese momento y sólo unos días después, el 21 de agosto de 2013, Argentina libró su primer exhorto a Paraguay requiriéndole que identificara si estaba llevando a cabo investigaciones contra los presuntas responsables de esos crímenes. Paraguay estuvo más de un año negando la cooperación judicial a Argentina, en una respuesta que inexplicable se demoró hasta septiembre de 2014. En su respuesta el Estado paraguayo alegaba que los casos estaban siendo investigados en Paraguay, aunque llevaban 20 años sin que se hubiera avanzado nada.

 

“O juzgas o extraditas”

Durante los años que duró la batalla de exhortos entre Argentina y Paraguay diversos organismos internacionales recordaron a Paraguay la obligación de cooperar con la justicia del país vecino. Un ejemplo de ello fueron las duras recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a finales de 2014.
De esta forma, Paraguay cambió su estrategia. No podía negar la cooperación judicial a Argentina, al igual que no podía seguir defendiendo que estaba investigando los hechos de manera efectiva. Por ello, decidió comenzar a llamar a los querellantes en la Argentina, afirmándoles que iban a activar sus causas. El repentino compromiso de la Fiscalía paraguaya llegó hasta el punto de disponer unidades especiales para desplazarse a tomar declaración a los aché supervivientes en sus comunidades. Empezaba a ser evidente el temor a unas ordenes internacionales que serían vergonzosas internacionalmente.
Después de tres exhortos entre Argentina y Paraguay, y con diversas condenas en organismos internacionales, la acción penal de Argentina era inminente. Paraguay no había podido acreditar que estaba investigando esos crímenes y que mantenía una persecución real de los responsables. Los exhortos paraguayos simplemente reclamaban la competencia encarecidamente pero sin ser capaces de explicar a Argentina por qué motivo no se procedía contra los responsables.
En ese momento la Fiscalía paraguaya se dio cuenta de que la única opción que le quedaba ante órdenes internacionales de detención inminentes era imputar a los perpetradores en territorio nacional. Así, el abogados español, Aitor Martínez y su socio argentino, Juan Maida, lograban situar a Paraguay en el punto que habían previsto a finales de 2012, el “aut dedere aut judicare”, “o juzgas o extraditas”.
Tal y como indicó el abogado español, Aitor Martínez, “una vez una tercera jurisdicción comienza a investigar desde fuera a través del principio de jurisdicción universal, el país donde se encuentran los responsables tiene la obligación de cumplir con el “aut dedere aut judicare”, del latín “o juzgas o extraditas” lo que obliga a ese país a tener que juzgar a esos nacionales en su territorio o extraditarlos a esa tercera jurisdicción. La experiencia indica que normalmente los países terminan por juzgarlos para evitar una extradición vergonzosa que confirmaría el fracaso de su sistema judicial. Y es así como se han logrado derribar los más grandes muros de impunidad en el mundo, como los de la dictadura argentina o la chilena”.

 

¿Y ahora qué?

La Fiscalía paraguaya ha imputado a estos responsables y se presume, según indican las propias autoridades, que seguirán adelante con nuevas imputaciones. Parece que, con 20 años de retraso, las autoridades del país se han interesado por los responsables de estos crímenes. Nada más lejos de la realidad, el repentino interés responde más a la necesidad de parar la acción argentina.
Si bien la estrategia diseñada ha resultado a priori exitosa los abogados de la causa argentina, Martínez y Maida, advierten que seguirán impulsando la causa en el vecino país para que no se genere en Paraguay una “cosa juzgada fraudulenta” (enjuiciamiento falso o con bajas penas para eludir otra acción penal más gravosa).
De hecho, según relatan, apuestan por la continuación de la causa en Argentina ya que el espectro de acción allí es mayor, al poder solicitar la imputación de relevantes autoridades políticas de nuestro país ante las que probablemente la Fiscalía paraguaya no podría actuar por su criticado sometimiento al poder ejecutivo.