La universidad debe crear conocimiento y proponer la tecnología adecuada y las soluciones científicas a los problemas más acuciantes de nuestro país, y por ello requiere de los mejores cerebros.


 

 Por Mercedes Canese

El año pasado (2016) se instaló en el congreso el debate sobre los aranceles universitarios, debido a la iniciativa de un diputado de limitar el cobro de aranceles, fundamentando su proyecto de ley en que en muchas carreras de las universidades públicas los cobros de aranceles eran excesivos.

Esto motivó a estudiantes de diferentes carreras, tanto de la UNA como de varias de las demás universidades públicas (UNE, UNP, UNI, UNC, UNVES, UNCA, UNCANI) e institutos superiores a plantear que los aranceles debían ser eliminados, cumpliendo así el derecho a la educación, garantizado en la Constitución (art. 73° del derecho a la educación y sus fines) y en los Tratados de Derechos Humanos (art. 26°).

¿Por qué un país pobre –empobrecido– como Paraguay tendría que tener una universidad pública gratuita? Justamente por eso. La universidad debe crear conocimiento y proponer la tecnología adecuada y las soluciones científicas a los problemas más acuciantes de nuestro país, y por ello requiere de los mejores cerebros.

La discriminación económica en la educación superior es tan perversa, que la principal barrera económica se da en el ingreso –con altísimos aranceles para los cursillos y exámenes de ingreso– para a continuación, cobrar mínimas cuotas a los estudiantes que logran franquear además las barreras académicas, de entera responsabilidad del mismo Estado.

Es así que la mayoría de los alumnos de las universidades públicas tienen un buen pasar económico. Cada año, se agrandan los estacionamientos. En cambio, a los estudiantes asalariados, que tienen que trabajar para vivir, les queda como única opción para alcanzar estudios universitarios las universidades privadas.

Esta situación, que propone la educación pública terciaria para una élite, resulta más injusta cuando se analiza el presupuesto destinado a las universidades públicas. Entre el 11 y 15% del mismo, corresponde a fondos propios. Es decir, el 85% o más del costo de la educación terciaria es pagada por fondos del Tesoro. El 56% de los tributos que se destinan al presupuesto corresponden al IVA general, pagado en mayor medida, por los que menos tienen, como sucede con todos los impuestos indirectos. Es decir, los que más pagan la educación terciaria no pueden acceder a ella.

¿Cuánto nos falta para que la educación terciaria sea gratuita? Si es solamente un 15% de todo el presupuesto que tienen las universidades públicas, no es posible que no se llegue a la educación terciaria gratuita. En números representa, de un presupuesto de 256 millones de US$ (2015), 29 millones de US$ de fondos propios. De ellos, solo el 60% son aranceles educativos.

Por tanto, con (29 x 60% =) 17,4 millones de US$/año adicionales para las universidades públicas, que representa menos del 10% de los fondos de FONACIDE (fondo que tiene una baja ejecución presupuestaria, además), es posible que todas las universidades públicas sean gratuitas. Apenas un poco más se necesita para que también sean gratuitos los institutos superiores públicos. Por su puesto esto no es suficiente para las necesidades de una universidad que necesita democratizarse y crecer para responder a los desafíos del país, pero se trata de una inversión en el presente y futuro.

Ya lo dijeron los estudiantes el año pasado en el movimiento #BastaDeAranceles. Nuestras universidades públicas necesitan muchos cambios, y este es uno solo, pero ¿no es un sueño que las mejores mentes de nuestro país, sin discriminaciones económicas, puedan acceder a estudios universitarios?

El debate sobre el presupuesto 2018 ya está empezando, y también, los estudiantes están denunciando los recortes que están sufriendo. ¿Pensamos desarrollarnos así?