Paraguay produce por año diez millones de toneladas de soja, cuatro de maíz y una de trigo y cuenta con una ganadería de primer nivel. Sin embargo hay muchos que pasan hambre.


 

Por José María Quevedo

 

 

El avance desmedido del agronegocio y su nulo aporte al fisco ha generado una crisis en las zonas rurales que obligó al Congreso a declarar en emergencia la agricultura familiar campesina y aprobar un rescate financiero al sector.

 

Los que sacaron créditos para desarrollar sus chacras hoy están siendo desalojados por los acreedores. A muchos de ellos les fue bien y obtuvieron buenas cosechas, pero el contrabando indiscriminado y la falta de mercados los arruinó.

 

“El estallido social es inatajable” dice el dirigente Luis Aguayo

 

En el norte, la pobreza y la falta de oportunidades deja a los y las jóvenes con pocas alternativas: se incorporan a la guerrilla, se venden al narco, se prostituyen, emigran o simplemente se resignan.

 

Mientras Cartes habla de desarrollo e inclusión en diferentes foros internacionales, el campesinado toma la plaza frente al Congreso para reclamar políticas de auxilio.

 

“No tenemos opción” dicen los movilizados que arrastran deudas y miseria desde hace más de una década y hoy son acosados por las entidades financieras que exigen el pago de los préstamos.

 

“No vamos a dejar que nos quiten nuestras pequeñas chacras, nuestros animales y lo que nos ayuda a sobrevivir”.

 

“Ya no queremos migrar a otros países, ni vivir en los cordones periféricos de la ciudad. Pensamos en cómo poder traer de vuelta a nuestros familiares que están en Argentina, Brasil o España”.

 

“La agricultura familiar campesina está por desaparecer y lo único que nos queda es venirnos a manifestar, por más que molestemos no tenemos otra alternativa. Nuestra herramienta para poder defender nuestra dignidad y la vida de nuestras familias y su futuro es la movilización pacífica. Lastimosamente no tenemos otro medio” dice Esther Leiva

 

Al otro lado de la ciudad, la Expo 2017 cierra otra edición exitosa y los medios lo reflejan con grandes titulares.

Otro país, otro mundo.

La diputada colorada Del Pilar Medina pide “contexto” para apoyar el subsidio y ese contexto se lo da Jorge Galeano.

 

“Existe un cambio brusco de modelo que empezó con la obra de Itaipú y la desaparición de la producción del algodón. Comenzó a abrirse la frontera a la a la soja y se dejó de lado a los pequeños productores”.

“Los bancos ya no dan créditos. El Crédito Agrícola de Habilitación es muy pequeño y el Banco Nacional de Fomento ni siquiera lo otorga porque el campesino que lo solicite debe tener un título de propiedad y el INDERT nunca da los títulos”.

“Los compañeros pagan completamente por la tierra, pero en el INDERT nunca son expedidos los títulos, entonces es imposible el acceso a la posibilidad de créditos. El 80% de las deudas por créditos son con financieras y bancos privados”.

“El principal problema es el contrabando de los productos de origen Argentino y Brasilero. Matan al mercado y se quedan los campesinos con la inversión, más su producción sin posibilidad de venta, quedándose también con las cuentas”.

“Y en el caso de los cañicultores se ven las grandes cargas de contrabando de azúcar que entran al país, que imposibilita un precio para que, por lo menos los pequeños productores, puedan salvar sus costo de producción. Y de esta forma hay menos posibilidades de pagar las deudas”.

“Cada rubro tiene su momento de cosecha y su momento de aprovechamiento. Cuando su tiempo pasa ya no se puede utilizar ni vender en el mercado. Y la producción de sobra sucede por la gran cantidad de azúcar que ingresa de contrabando, lo que hace que la caña dulce no se coseche y pudra en las pequeñas chacras sin poder pagar sus deudas”.

“El precio por tonelada es de 190 mil guaraníes, lo que causa unos 40 mil guaraníes de pérdida. El productor de igual forma trabaja perdiendo.”.

“Es imposible pagar cuando uno no tiene las condiciones que tiene que generar el Estado”.

La agricultura familiar campesina está en crisis y Luis Aguayo advierte: «Paraguay está al borde de una hambruna”.

Claro, para entenderlo hay que hacerse tiempo, cruzar Calle Última y recorrer el interior. Ese interior que se muere de hambre mientras el PBI crece.

Si deciden hacerlo pueden ir hasta Arroyito, en Concepción, más precisamente a la chacra de Martín Gómez, propietario (por ahora) de un agroemprendimiento que produce locote y tomate en abundancia, que cuenta con sistema de riego, luz, y media sombra y que construyó hace unos años con un crédito del Banco Nacional de Fomento de Horqueta, banco que ya le notificó que si no paga, rematará su chacra y el producto de su esfuerzo.

 

Casos como el de Martín (padre de un hijo de 16 años y dos hijas de 12 y 10 años) hay muchos. Y está claro que no se trata de un haragán ni de una persona que rechaza la tecnología. No fracasó como productor, al contrario, le fue muy bien. ¿Qué pasó entonces? El Estado no hizo su trabajo.

 

“Cuando tuve buena cosecha, no pude vender por culpa de que el mercado estaba lleno de productos de contrabando venidos del Brasil”.

 

“No son contrabandistas los productores brasileros, sino los que trabajan en la Aduana. Y por eso estoy pidiendo ahora la condonación de mi deuda, porque si no pago me van a quitar mi terreno que se va a ir al remate”.

“Las autoridades dejan desamparados a los campesinos, solo quieren dar préstamos y no hay mercados para la venta”.

En síntesis; el Estado no hizo nada para impedir el ingreso de productos de contrabando y Martín tuvo que vender sus tomates a precio de regalo.

Podría seguir contando historias como ésta, pero con una alcanza para que una persona medianamente inteligente (y ni siquiera eso) entienda porqué es necesario el rescate, evite  las simplificaciones y no se deje influir por personas que ven la realidad a través de gráficos y Power Point.

(X) Los testimonios utilizados para esta nota son productos de las entrevistas hechas por el programa Made in Paraguay el lunes 24 de julio de 2017.

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