"Los sectores que siempre han acumulado riqueza gracias a subsidios malhabidos, se razgan las vestiduras cuando el beneficio será para una mayoría siempre postergada, como la campesina. Existen diez (10) sólidas razones para rechazar el veto de Cartes y conseguir la plena vigencia de la ley que otorga un subsidio de hasta 51 millones de guaraníes por familia campesina" dice Ricardo Canese en este artículo exclusivo para Nanduti Digital en el que comparte las razones por las que el Congreso debería rechazar el veto.


 

1. Los países más avanzados subsidian a los pequeños agricultores, con gran éxito. En forma permanente, Europa, Japón y los EEUU de América –entre otros– subsidian fuertemente a sus pequeños agricultores, pues les resulta más conveniente –más barato, incluso– mantenerlos en el campo, produciendo alimentos, que dejar de subsidiarles y tener que alimentarlos en la ciudad, donde abunda el desempleo. Subsidiar a un desocupado (pues no le pueden dejar que se muera de hambre) les cuesta 20.000 US$/año, o incluso más, sin contar con otros fuertes gastos.

2. La ley aprobada por el Congreso Nacional está bien redactada y prevé el subsidio de hasta 25 salarios mínimos (menos de 10 mil US$, una sola vez) como máximo, debiendo verificar el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que se trate de “deudas contraídas… para la inversión productiva. No se reconocerán deudas que no guarden relación con la producción agrícola”. El MAG, que seguirá las instrucciones de Cartes, contrario a esta ley, es de suponer que será muy estricto y que efectivamente no ingresarán deudas que “no guarden relación con la producción agrícola”. Consiguientemente, la ley está bien y el control lo ejercerá el mismo Poder Ejecutivo, para nada favorable a eventuales excesos campesinos. No habrá abuso, entonces.

3. Fallas del gobierno. Por incapacidad del gobierno (actual y pasados), no hay un rubro de renta que le dé al pequeño agricultor un ingreso que le permita sobrevivir con cierta dignidad. Con sus defectos, antes se tenía al algodón. Se dejó morir esta producción de renta del pequeño productor y no se la sustituyó por nada estable. El sésamo, la chía y otros productos no lograron una renta mínima estable para el pequeño productor. Además, el gobierno no supo implementar cuestiones básicas que hay en otros países, como el seguro agrícola, el precio mínimo, apoyo técnico y de comercialización, etc. Es una emergencia –la enorme cantidad de deudas acumuladas por pequeños agricultores- a la que si no se le da una respuesta, acelerará el éxodo campo ciudad, que es mucho más costoso. Aunque sea para evitar un mayor costo, es conveniente que la ley del subsidio agrícola entre en vigencia.

4. La totalidad de la alimentación que consumimos los paraguayos, que es de origen nacional, la produce el campesino. Al dejar que le quiten su tierra por deudas (el 80%, afirman, está endeudado con entes privados) se reducirá la producción de alimentos y aumentará la producción de soja, pues serán latifundistas los que acaparen la tierra que pierda el campesino. El Paraguay importará más alimentos, ayudando al desarrollo de otros países y precarizando nuestro propio desarrollo. Tendremos más limpiavidrios y cuidacoches, y menos pequeños agricultores.

5. Crear puestos de trabajo en la ciudad cuesta actualmente más de 30.000 US$/empleo, por lo bajo. Mucho más del triple que el subsidio máximo (de menos de 10 mil US$ que establece la ley) y más de 10 veces que el promedio del subsidio que se otorgaría a los campesinos (3.000 US$). Además, el país no crea tantos puestos de trabajo industriales ni comerciales dignos, por lo que lo único que ocurrirá es que se ensancharán los cinturones de miseria en todas las grandes ciudades del país, con más precariedad e inseguridad para todos. Como son menos de 18.000 fincas las que se beneficiarían con este subsidio, el monto del subsidio es de (3.000 x 18.000 =) 54 millones US$, muchísimo menos que otros subsidios más brutales y abiertos que se citan a continuación.

6. Subsidio –abierto y brutal- han tenido los latifundistas que se apropiaron de 8 millones de hectáreas en forma mal-habida (el 20% del territorio), como lo demuestra y publica el Informe de Verdad y Justicia en el 2008. ¿Por qué se le subsidia –se le regala– la tierra a los grandes latifundistas y no se permite que la poca tierra que tiene el campesinado, menos del 5% de la superficie del país, quede en manos campesinas, de quienes nos entregan los alimentos que consumimos? Este subsidio a la tierra mal-habida, estimando un costo de tan sólo 4.000 US$/ha (mucho menos de lo que el mercado paga), es de nada menos que de (4.000 x 8 =) 32.000 millones US$, unas 600 veces (60.000%) más de lo que ahora se le daría a miles de campesinos (y no a unos pocos latifundistas).

7. Subsidio abierto y brutal han tenido los evasores de divisas en la última etapa de la dictadura de Alfredo Stroessner, comenzando con Horacio Cartes, procesado por dicho robo al Estado, pero prontamente liberado de culpa y pena –por una extraña extinsión de la causa- y disfrutando hoy de su inmensa fortuna, que se origina en un monumental subsidio público (de todos los paraguayos) para que hoy sea no solamente una de las personas más ricas del país, sino Presidente de la República (que no sería, si no hubiera recibido el generoso subsidio público hace 30 años). Se estima que la evasión de divisas, en la época, llegó a unos 500 millones US$, como mínimo, es decir, una 10 veces lo que ahora se le daría a los campesinos.

8. Subsidio abierto y brutal tuvieron los accionistas de los bancos privados de la década de 1990, cuando se les estafó a los ahorristas y, en cambio, el Banco Nacional de Trabajadores, el Banco Nacional de Fomento y hasta el Banco Central del Paraguay salieron a auxiliar/subsidiar a los más ricos entre los ricos. El subsidio lo pagó el pueblo paraguayo, el dinero robado quedó en manos de los banqueros amigos de los presidentes de la República de turno. El subsidio a los banqueros privados por lo bajo estuvo en 1.000 millones US$ (acaparado por no más de una docena de super ladrones), es decir, unas 20 veces lo que ahora se le daría a miles de campesinos.

9. Subsidio abierto y brutal tuvieron y tienen los empresarios del transporte. Antes le dieron créditos subsidiados de IPS, lo que terminó siendo pagado por nosotros, los contribuyentes, y hoy le otorgan nada menos que 30.000 US$ de subsidio por ómnibus, beneficiándose, además, con un pasaje de 3.300 Gs, más del 50% de la tarifa oficial. Es decir, no sólo le subsidian con dinero público –y mucho más que lo que ahora se le dará a los campesinos– sino que se nos obliga a pagar un pasaje 50% más caro, por un servicio que debería ser de calidad y con ómnibus nuevos, sin subsidio alguno y sin mayor tarifa. Los subsidios anteriores y presentes a favor del empresariado del transporte (algunas decenas de personas) orillaría los 100 millones US$, como mínimo, es decir el doble de lo que ahora se le daría a miles de campesinos para mantener nuestra soberanía alimentaria.

10. Subsidio abierto y brutal tuvieron los productores de soja, que recibieron entre los años 2000 y 2008 un gasoil por debajo del costo y eso les permitió tener sobre utilidades fabulosas, que los convierte hoy en dueños del país. El subsidio (la deuda) quedó para el Estado. PETROPAR desde ese momento debe 300 millones US$, que se le regaló (subsidió) a los grandes productores de soja (y transportistas), es decir, unas 6 veces el mísero subsidio que hoy se le daría al campesinado.

En resumen, para mantener nuestra soberanía alimentaria y conseguir alimentos frescos y más baratos para todos; para mantener decenas de miles de puestos de trabajo en el campo, que costará mucho más crearlos en la ciudad, y por estrictas razones de justicia, el veto de Cartes debe ser categóricamente rechazado por el Congreso Nacional.

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