Las diferencias son hoy irreconciliables y el conflicto parece estar lejos de resolverse. ¿Por qué?


Por José María Quevedo

Los pequeños productores ya no le creen al gobierno. Y las declaraciones tanto de Lea Giménez como de Horacio Cartes, no contribuyen a recuperar la confianza.

Mientras la ministra los trató de “cavernícolas e incivilizados”, el presidente los acusó de quedarse con el dinero de los pobres, venir “a molestar” y ser “más políticos que productores”.

Encima, la propuesta del Ejecutivo está muy lejos de satisfacer las demandas de los movilizados.

Mientras los campesinos piden la condonación de todas las deudas contraídas con el BNF y el Crédito Agrícola (que representan alrededor del 20% del total) y la compra y subsidio por parte del Estado de los préstamos tomados en los bancos privados y las financieras (que constituye el 80% restante), el gobierno les propone “reestructurar” y “refinanciar” las deudas con los organismos públicos y que el BCP “revise” la situación de los créditos que tienen en el sector privado. (x)

“La refinanciación, quita de interés, ya murió, va a ser un fracaso. Para nosotros no es una propuesta objetiva, es un intento de distractor. Nosotros vemos de forma positiva que habrá senadores y senadoras que van a apostar a una herramienta para socorrer la grave situación campesina”, dijo este miércoles Luis Aguayo.

Así las cosas, las diferencias parecen ser insalvables.

 

La presión sobre el Congreso

Es historia repetida; cuando los asuncenos se movilizan y los medios presionan, los congresistas reculan. Y tiene lógica; es preferible ganarse el odio pasajero de gente a la que ven muy poco y con la que difícilmente se crucen, que arriesgarse a que les prohíban la entrada a los restaurantes que frecuentan o que los escrachen en la redes o los denuncie un diario.

Solo eso explica que los mismos parlamentarios que aprobaron la Ley de Rehabilitación Financiera estén dispuestos hoy (bocinazo mediante) a acompañar el veto del Ejecutivo.

 

(X) La propuesta del gobierno se completa con la distribución por 90 días de kits de alimentos a las familias afectadas por la crisis, la implementación de un seguro agrícola, la entrega de insumos y asistencia técnica y cursos y capacitación para un mejor manejo financiero.