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Pide que se investiguen los abusos cometidos por la FTC en el norte, el actuar de la policía y los organismos de seguridad la noche del 31M y la presunta ejecución extrajudicial del joven Rodrigo Quintana. Insiste en que un órgano independiente indague sobre los ocurrido en Curuguaty.


Por José María quevedo

Diana Vargas señaló en Jaque Mate que el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por la persistencia de los abusos por parte de las FTC, la policía y los guardiacárceles.

Dijo que se pide el rápido esclarecimiento de los sucesos del 31M, que hablan de un uso excesivo de la fuerza y que califican el asesinato de Rodrigo Quintana como “presunta ejecución extrajudicial”.

Una vez más, recomiendan que se investigue la actuación de la policía en la Masacre de Curuguaty.

 

El documento

Entre las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Paraguay y al que tuvo acceso Nanduti Digital, el Comité menciona los abusos cometidos por la FTC, los hechos del 31M y la necesidad de una investigación imparcial del Caso Curuguaty.

 

En el apartado Actos de tortura y malos tratos por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) señala que el Estado debe “Modificar el marco normativo con el fin de restringir las labores de control de la seguridad interna a un cuerpo policial civil, debidamente entrenado en el respeto de las normas internacionales en la materia”

“Garantizar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por la FTC, incluidos los actos de tortura y malos tratos, se investiguen con prontitud, eficacia e imparcialidad en la jurisdicción ordinaria y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, condenados de acuerdo con la gravedad de sus actos”:

“Asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales en el norte del país reciban una reparación integral”:

 

31M el asesinato de Rodrigo Quintana

El comité habla de “un uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones” y expresa su preocupación ante las denuncias de su uso desproporcionado por parte de la Policía Nacional “e incluso actos de tortura y malos tratos contra personas arrestadas, en el marco de los disturbios originados por las protestas ocurridas entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Asunción”

“Asimismo, preocupa al Comité la presunta ejecución extrajudicial del dirigente político, Rodrigo Quintana, durante el operativo policial…”

Y recomienda:

“Velar por que se realicen investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura y malos tratos por miembros de las fuerzas del orden, incluido durante las manifestaciones en Asunción el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, y asegurarse de que los autores sean enjuiciados y las víctimas reciban una reparación adecuada”.

“Intensificar sus esfuerzos por impartir capacitación sistemática a todos los agentes del orden sobre los principios de precaución, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, especialmente en el contexto de manifestaciones”

La Masacre de Curuguaty

Una vez más, un organismo internacional de DDHH cuestiona la actuación del Estado paraguayo en el Caso Curuguaty e insiste en la necesidad de que  “Un órgano independiente investigue de manera efectiva, exhaustiva e imparcial las alegaciones de uso desproporcionado de la fuerza letal, tortura y otros malos tratos cometidos presuntamente por agentes estatales durante el allanamiento ocurrido el 12 de junio de 2012 en Curuguaty, así como las presuntas violaciones al debido proceso durante los procesos judiciales llevados a cabo hasta el momento, tal y como el Estado parte aceptó durante el Examen Periódico”.

“Se enjuicie a los autores y, de ser declarados culpables, se les sancione y se ofrezca una reparación a las víctimas y a sus familias y se proteja en todo momento a las víctimas, sus familiares y a los testigos contra posibles represalias”.

Aspectos positivos

Los puntos “positivos” que el informe menciona se reducen a la sanción de leyes que protegen a las mujeres, los niños y que establecen “protocolos de procedimiento” para la policía.