El Gobierno brasileño anunció esta semana un vasto plan de privatizaciones y concesiones para intentar reducir el agujero en las cuentas públicas, una medida que, para algunos analistas, afecta a activos "delicados" y no garantiza el fin de la crisis económica.


En total serán 57 activos entre terminales aeroportuarias, autopistas, líneas de transmisión eléctrica e importantes empresas públicas con los que el Ejecutivo espera recaudar una cifra cercana a los 44.000 millones de reales (unos 14.000 millones de dólares).

La bolsa de Sao Paulo ganó desde el anuncio el 1,6 % manteniéndose en la apertura de por encima de los 71.000 puntos básicos, una cota que no se alcanzaba desde hacía más de seis años.

Entre las empresas a privatizar están Eletrobras, Lotex (Loterías) y la Casa de la Moneda, encargada de la producción de la divisa brasileña y la impresión de pasaportes.

El Gobierno del presidente Michel Temer justificó la inclusión en el plan de esta última porque “el consumo de monedas en Brasil cayó” en los últimos años.

“Cada vez usamos menos papel moneda y la salud financiera de ella está extremadamente debilitada, con la previsión de debilitarse aún más con el avance de la tecnología”, afirmó el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.

Sin embargo, el economista Nelson Marconi, del centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV), considera que privatizar la edición de la moneda “es muy extraño” porque “es un activo que tiene que ser producido con mucha seguridad”.

“Imagina entregar la producción de moneda para una empresa extranjera, queda un poco raro (…) Es un activo muy delicado como para privatizarlo y entregarlo a terceros”, comentó.

Para el abogado Joao Paulo Naegele, especializado en derecho administrativo, cabe el debate “político” sobre si la Casa de la Moneda es de “relevante interés colectivo”, lo que justificaría la administración imperativa del Estado.

Los recursos que obtenga el Gobierno con este paquete servirán para paliar el abultado déficit primario en las cuentas públicas del país, que cerró el primer semestre del año en 35.200 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares), cerca de un 48 % más respecto al mismo periodo del año anterior.

El Ejecutivo se marcó para 2017 una meta de déficit fiscal, que no incluye el pago de los intereses de la deuda pública, de 159.000 millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), techo que amplió en casi el 15 % la semana pasada ante las dificultades para cumplir el anterior.

“No se han controlado los gastos, los ingresos están bajando porque el nivel de actividad no se recupera y se crean ingresos extraordinarios y lo que se inventó fue ese programa de privatización”, apuntó Marconi.

“Desde el punto de vista fiscal es absurdo porque no resuelve el problema. Es que como si en mi casa gastase todos los meses más de lo que ingreso y para solucionarlo vendiera mi casa”, añadió.

Rafael Schiozer, profesor de finanzas de la FGV, ve el programa “con buenos ojos”, aunque “precisa ser más detallado”, y coincidió en que “el Gobierno necesita dinero y por eso vende activos”.

En su opinión, “Brasil tiene empresas estatales que tienen poco sentido”, como “Eletrobras, Correos y Petrobras, que merece una discusión más profunda”, pero cree que “algunos brazos” de la petrolera estatal, no incluida en el paquete, “podrían ser privatizados sin problema”.

No obstante, Schiozer advirtió que las privatizaciones tienen que venir acompañadas de un papel reforzado y activo de los órganos reguladores, los cuales, señaló, “fueron prácticamente desmantelados en los últimos diez, quince años”.

También Naegele opinó que el tamaño del Estado brasileño es “sin ninguna duda” demasiado grande y “ejerce actividades que no son exclusivas” de su competencia, pero con una objeción.

“Si las privatizaciones tienen el fin único de captar ingresos para solucionar la crisis financiera, es verdad que puede solucionar el problema de caja, pero no va a solucionar el problema de Estado. La venta momentánea de activos sin enfrentar las causas no es una buena solución”, concluyó.

Carlos Meneses Sánchez. EFE

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