El horror de la muerte de un niño en un hecho de sicariato en Asunción y la estremecedora violencia de los sicarios es, sin dudas, una noticia que amerita grandes titulares de prensa. Sin embargo, un hecho puntualmente luctuoso no debe ahogarnos en el morbo e impedirnos ver que detrás marcha un fenómeno social serial al que no le hemos dado la debida importancia durante décadas: el empleo de sicarios para la resolución de conflictos.


Por José Maria Amarilla, especial para Nanduti Digital 

Se ha asociado los hechos de los sicarios con el narcotráfico y sus tensiones internas, y aún hoy, ciertos estrategas de la seguridad presentan el tema como “algo traído de fuera y que usan los narcos”. Pero un examen detallado de las estadísticas relacionadas con las muertes por encargo nos muestra que el empleo de sicarios se acrecienta progresivamente como un fenómeno de extensión nacional del que nadie está a salvo.

 

En el año 2016, los casos de sicariato fueron el segundo móvil registrado en la comisión de hechos de homicidio doloso, por detrás de los conflictos interpersonales que terminaron en riñas y grescas, en un año en que fueron registrados 724 casos.
Un total de 123 muertes por encargo registradas como tales en todo el país, representó 17% del total de homicidios dolosos del año. Es probable incluso que existan más casos de sicariato entre homicidios caratulados por motivos desconocidos, que no fueron debidamente registrados o esclarecidos.

 

De todos modos, el promedio nacional es para el miedo: diez homicidios por encargo por mes y uno cada tres días…

 

En términos territoriales, el departamento de Amambay sufrió el mayor azote de casos de sicariato, por encima de cualquier epidemia: 67 casos. Más de la mitad de los homicidios por encargo ocurrieron en ese departamento, que en términos relativos registró más de 41 casos de homicidios por encargo por cada 100.000 habitantes.
Alto Paraná y Canindeyú registraron 15 y 14 muertes por encargo, respectivamente, con lo cual sufrieron 12% y 11% de las muertes rentadas en el año.

 

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El primer reflejo es la toma de distancia (esto ocurre lejos de mí y me importa menos). El segundo error es el endulzamiento: Esto es entre narcos, yo no soy narco y estoy a salvo (esta visión está fuertemente influenciada por los medios de comunicación y por los propios investigadores).

 
Sin embargo, es necesario remarcar que en el año 2016, hubo nueve casos de muertes por encargo registradas en el departamento Central y un caso en Asunción. El promedio es de casi un caso de sicariato por mes el área con mayor cobertura policial del país y donde se asienta la mayor parte de la institucionalidad estatal y social paraguaya…

 
La franja etaria más afectada por casos de sicariato fue la de jóvenes menores de 40 años: la franja 30 a 39 años que representa 33% de los casos, y otro 33% afectó a personas de entre 18 y 29 años. Es decir, el 66% de los muertos por sicarios fueron personas en edad activa, lo cual representa un agravante de la pérdida.

 
A esto hay que sumar que la totalidad de los sicarios capturados o muertos son también jóvenes que vieron en la ejecución una forma fácil de recaudar dinero al precio de cobrarse una vida ajena.

 
Se acostumbra también relacionar erróneamente el sicariato con personas de origen brasileño vinculadas a organizaciones mafiosas de ese país. Lo cierto es que el 79% de las víctimas en el 2016 fueron personas de nacionalidad paraguaya contra un 18% de brasileños y el porcentaje remanente, de otras nacionalidades.

 
Un aspecto importante del fenómeno del sicariato se relaciona fundamentalmente con el lugar de ocurrencia del hecho. El análisis nos muestra que 72% de los casos ocurrieron en la vía pública y 14% en el domicilio de la víctima. Este dato es especialmente intranquilizador para –por ejemplo—la promoción del turismo y las inversiones en el país, o siquiera para defender la idea de que hay “zonas a salvo” en el país.

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Igualmente significativo es el dato de que 68% de los casos ocurrieron en zonas urbanas, en las cuales los sistemas públicos de seguridad tienen una presencia significativamente mayor. Es decir, el fenómeno se expande a las puertas y por las calles que en teoría están mejor resguardadas por el Estado.

 
A través de los medios de comunicación nos perdemos en los detalles más escabrosos de cada caso, y examinamos el árbol en lugar del bosque. El ángulo de tiro, el tipo de heridas, el calibre del arma, la imagen de las víctimas, sus antecedentes personales o familiares, llenan las notas periodísticas.

 
Mientras tanto, quienes quieren cerrar la investigación cuanto antes, recurren a explicaciones que “hacen lógica” la muerte bajo el rótulo de “ajuste de cuentas”, pasando por alto que nada puede justificar el asesinato de un niño de 8 años.

 
El “bosque” es la propagación de las muertes por encargo como fenómeno criminal y social. Aunque el sicariato no es nuevo en el mundo ni en el Paraguay (la historia ha registrado antiguos casos de muertes por encargo en el ámbito, político por ejemplo).

 
Lo nuevo es el desafío de evitar que las muertes por encargo se conviertan en un asunto costumbrista: una esposa despechada que paga por la muerte de la nueva pareja del ex marido; un empresario que muere por encargo de un asociado disconforme, y una larga y preocupante casuística.

 
El sicariato no es privativo de los narcos. El facilismo del “ajuste de cuentas” que rara vez es castigado ha provocado que en ciertos ámbitos, por un par de millones de guaraníes se pueda ya contratar un “servicio de lujo” de matones a sueldo. El precio de seguir ignorando al sicariato será que Paraguay se convierta en un estado de frontera en todo su territorio.

 
A estas alturas, el país está inmerso en un largo letargo electoralista en el que, durante un año entero los candidatos evitan hablar de planes y programas concretos de seguridad pública, un asunto que se vuelve eventualmente sólo otro recurso propagandístico lleno de eslóganes.

 
La visión policial más clásica, defiende mayores recursos para insistir con esquemas tácticos y operativos que claramente han fracasado a lo largo del tiempo, entre otros motivos por el riesgo de connivencia con mafias de todos los tamaños, dueñas de un descontrolado poder económico, que se fortalecen con el mercado ilegal.

 
No dejar un solo caso de muerte por encargo impune o sin investigar, sería un gran comienzo. Ni uno sólo.

 
Igual que borrar definitivamente de las etiquetas el término “ajuste de cuentas”, y en algún momento, debatir seria y desapasionadamente los resultados y la viabilidad real de la guerra contra las drogas, versus la conveniencia de aniquilar la violencia del tráfico ilícito por la vía de la legalización.

 
Cualquier otro debate del tipo poderes especiales para superagentes, sería otra más de las muchas pérdidas de tiempo que hemos tenido a lo largo de décadas.

 

(x)El autor de la nota es analista y exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior