El Gobierno de Maduro ha ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de supuestos disidentes.


Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia, según una investigación de Amnistía Internacional difundido en los pasos días. En “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela“, la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos de civiles armados avalados por el Gobierno han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares (…) La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar”, ha añadido.

En el contexto de las manifestaciones opositoras -en las que un total de 120 personas han perdido la vida, casi dos mil han resultado heridas y más de 5.000 han sido detenidas-, organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017. Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el Gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.

Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas, según los testimonios recogidos por personal de Amnistía Internacional que entrevistó a víctimas de estos allanamientos en cuatro estados: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

Fuente: El Confidencial