Un decreto reglamentando un artículo de la Ley Forestal es motivo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y los grupos medioambientales, que denuncian que causará un mayor quebranto de los bosques naturales de Paraguay. Con un ritmo de deforestación anual de 250.000 hectáreas, según WWF.


Esa organización emprendió una campaña de recogida de firmas contra el decreto presidencial, que según ellos atenta contra la protección de las reservas legales de bosques naturales y contra las políticas ambientales de preservación de los ecosistemas.

Otros grupos ecologistas mantienen que el decreto busca sacrificar los bosques naturales para incrementar la producción ganadera, la de soja y en menor medida la maderera.

Por su parte, la Presidencia del Senado pidió al Ejecutivo un informe sobre el alcance del decreto emitido en septiembre, tras cuatro modificaciones realizadas en medio año.

El polémico decreto reglamenta el artículo 42 de la Ley Forestal de 1973, la cual regula el aprovechamiento de los bosques y tierras forestales.

Ese artículo tiene como base su aplicación en todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas, las cuales están obligadas a mantener intactos el 25% de su área de bosques naturales.

En caso contrario, el propietario está obligado a recomponer esas áreas “peladas” de bosque.

Sin embargo, el decreto autoriza en uno de sus artículos a que esa rehabilitación se realice con plantaciones forestales mixtas, es decir, con especies nativas y otras exóticas como el pino y el laurel.

Para los ecologistas, ello promueve una reforestación con fines comerciales, y que esas especies extranjeras no sirven para vivificar y regenerar esas zonas de bosque natural que han sido pasto de la deforestación.

“El decreto abre las puertas a la deforestación de las reservas de los bosques naturales y va a ser una completa deforestación”, dijo Óscar Rodas, director de Políticas y Cambio Climático de WWF.

En ello coincide el abogado José Luis Méndez, quien ha presentado un acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo para abolir el decreto, que en su opinión viola el precepto constitucional de preservar el medio ambiente.

“Es inconstitucional ya que el Ejecutivo no puede cambiar el espíritu de la norma (Carta Magna). Y se desnaturaliza la existencia de los bosques naturales con especies no nativas. Estamos a las puertas de la destrucción de las reservas forestales que constituyen un bien intangible de Paraguay”, dijo Méndez.

Otro de los aspectos que rodea al decreto, y también objeto de polémica, es que recoge algo contemplado en sus versiones anteriores, y en función de la ley de pagos ambientales de 2006.

De acuerdo con esa norma, el dueño de una propiedad de más de 20 hectáreas que incumple la preservación de 25 hectáreas de bosque natural puede optar a una especie de canje que le exime de la reforestación de su parte dañada.

Se trata de un intercambio por el que ese productor busca a otro propietario que sí se ajusta a la normativa de conservación de esas 25 hectáreas, y al que paga según el número de hectáreas para que las siga manteniendo libres de deforestación.

Con ese compromiso, el pagador es reconocido con un certificado medioambiental que puede renovar cada cinco años.

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La Secretaría del Ambiente (SEAM) comunicó que ello asegura el mantenimiento de los bosques naturales y que se trata de una fórmula que ha promovido hasta la fecha la conservación de más de 180.000 hectáreas de esos terrenos.

Pero para algunos expertos se trata de un “incentivo perverso” que no garantiza la reforestación de las áreas dañadas, sino el mantenimiento de las no perjudicadas.

“Lo correcto seria pagar por esos servicios ambientales (los certificados) y a la vez reforestar la propiedad dañada”, dijo el fiscal y docente Ricardo Merlo.

Para Merlo, todas esos factores, incluidos los nuevos artículos del decreto presidencial, contribuirán al establecimiento de los que los ecologistas denominan un “bosque silencioso”, en el que los pinos y eucaliptos acidifican el suelo y alejan de ese medio a las aves.

“Estamos en un punto de inflexión, o tomamos el camino de recuperación de nuestros bosques nativos o el camino peor, el de no hacer esa reparación”, señaló Merlo. EFE