¡No hay agua y encima hay dudas sobre la administración! La Contraloría General de la República sospecha una serie de irregularidades, pagos indebidos, transferencias ilegales, deficiencias de control, entre otras anomalías, en la Comisión Nacional de la Cuenca del Río Pilcomayo


 

¡Suma y sigue! Las indicaciones de Contraloría tienen que ver con el pago indebido de G. 29.887 millones al Consorcio La Dorada, según señala el informe final que, si bien se inició el año pasado, también comprende el año 2017. El documento indica también que la Comisión del Pilcomayo también realizó pago indebido de G. 40.571 millones al Consorcio Tocsa-Vialsur SA (LPN número 98/15).

“La Comisión Pilcomayo ha proveído 13.572 litros de combustibles durante el ejercicio 2015 y 2016, para maquinarias o equipos que no forman parte de su inventario”, señala el documento firmado por el equipo de auditores integrado por Carolina Articanaba, Humberto Franco y Analía Gómez, de la CGR.
Otra irregularidad es que la Comisión del Pilcomayo proveyó 6.030 litros de combustible a equipos de transporte y maquinarias en mal estado. “La Comisión no ha remitido las órdenes de trabajo que justifiquen el uso del combustible entregado ni tampoco documentaciones que justifiquen que dicha situación ha sido comunicada a la dependencia correspondiente”, resalta el documento, al que accedió nuestro diario.
El listado sigue con el pago de G. 685 millones por el programa de educación ambiental que se realiza sin cumplir con el pliego de bases y condiciones con relación a materiales educativos y de difusión, cantidad de capacitaciones, seminarios, talleres y charlas.

Añade que también fueron determinadas deficiencias de control por parte de la Comisión del Pilcomayo en relación a las transferencias realizadas a la ARP, considerando que no realizó la devolución de los recursos no utilizados del año 2015, por G. 525 millones, incumpliendo lo establecido en el artículo 7, inciso h, de la Ley 5554/16, que aprueba el PGN, para el ejercicio 2016.

Otra deficiencia de control por parte de la Comisión del Pilcomayo que fue descubierta afecta a las transferencias realizadas a la ARP por G. 1.000 millones, monto sobre la cual el gremio no cuenta con un cronograma de trabajo para la ejecución. Esto permite que quede supeditado a los pedidos realizados por la Comisión, que no son el resultado de un cronograma de trabajo o de una planificación previa de estimaciones de gastos.

La Contraloría encontró también que la Comisión del Pilcomayo no cuenta con órdenes de trabajo que permitan justificar el uso de 117.964 litros de combustible durante los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no se cumple la Resolución 119/16 de la entidad contralora.