Los retrocesos, o la falta de avances, en el campo hidroeléctrico nacional –la principal riqueza natural en explotación- se deben, principalmente, a que no existe, de parte de las élites gobernantes de las últimas décadas, salvo honrosas excepciones, un compromiso serio con la soberanía hidroeléctrica y con el uso más rentable y conveniente de la energía y de la renta eléctrica para el desarrollo sustentable nacional.


Por Ricardo Canese*

Ya el dictador Alfredo Stroessner sacrificó la soberanía hidroeléctrica a una política de no endeudamiento del país y al apoyo político/económico que esperaba recibir –y recibió- de los gobiernos de Brasil y Argentina, en general también dictaduras militares.

Stroessner trazó como línea maestra de negociación en Itaipú, primero, y en Yacyretá, después, el principio absoluto de que el Paraguay no se debía endeudar financieramente, si bien no tomaba en cuenta que estaba comprometiendo recursos naturales extremadamente valiosos, como el potencial hidroeléctrico y el mismo territorio nacional, que quedó inundado, sus riquezas destruidas y la población afectada con daños y perjuicios irreparables. Hasta con orgullo, su canciller Sapena Pastor afirmó que “el Paraguay no pone nada”, lo que le permitió avanzar a las muy avezadas cancillerías vecinas en el despojo de la soberanía hidroeléctrica nacional.

Así, mientras que en la precursora Acta de Foz de Yguazú (1966), al Brasil se le reconocía tan sólo el “derecho de preferencia de adquisición” de la energía paraguaya no consumida, desde e inclusive el Salto del Guairá hasta la desembocadura del río Yguazú, en el tratado e Itaipú (1973) el Brasil se adjudicó ya el “derecho de adquisición”, quitando la palabra “preferencia”, con lo cual se dio pié a que Itamaratí interpretara que el Paraguay había cedido su soberanía y que no podía vender su excedente hidroeléctrico a terceros países.

Esta interpretación brasileña, válida por 36 años (1973 a 2009) ante la inacción de los sucesivos gobiernos paraguayos, se pudo cambiar el 25 de julio del 2009 mediante el Acuerdo Lugo – Lula sobre Itaipú, es decir, Paraguay – Brasil, por el cual el Brasil explícitamente reconoció que, al menos desde el 2023, el Paraguay podría vender su excedente hidroeléctrico a terceros países y al mercado brasileño mucho antes, “a la brevedad posible”.

Con el tratado de Yacyretá (diciembre de 1973, firmado medio año después que Itaipú), el Paraguay avanzó en el reconocimiento de su soberanía hidroeléctrica y la Argentina –es cierto que regida entonces por Juan Domingo Perón y no por una dictadura militar- admitió que tendría tan sólo “derecho de preferencia de adquisición”, al igual de lo establecido en el Acta de Foz de Yguazú de 1966, precursora del tratado de Itaipú.

Esta norma contractual de Yacyretá, sin embargo, nunca tuvo vigencia. Cuando debió comenzar a tener vigencia, en 1994, al inicio de su operación, fue desconocida por el neoliberal Menem, y no fue reclamada por Wasmosy, más interesados –ambos- en privatizar a Yacyretá que en garantizarle al Estado Paraguayo su soberanía hidroeléctrica.

El protocolo de privatización de Yacyretá, firmado por ambos (1996), sí le daba plena “soberanía” a la empresa privada que, a través de ínfimas inversiones (que las haría con el flujo de caja, sin poner un peso), habría podido disponer libre y soberanamente de lo que es, en realidad, propiedad soberana del pueblo paraguayo. Por suerte, tal protocolo de privatización fue rechazado por el Congreso paraguayo en 1997 y nunca se implementó.

La Argentina se encargó de negar, desde el mismo inicio de operación de Yacyretá (1994), que el Paraguay ejerza su soberanía de Yacyretá, al menos hasta el 2008. Cuando el gobierno de Fernando Lugo asumió, el Paraguay intentó poner en práctica su soberanía para exportar energía hidroeléctrica a Chile y a Uruguay, haciendo una prueba técnica exitosa con este último país en el 2011. Con el golpe de Estado parlamentario del 2012, todo volvió a fojas cero.

¿Qué ocurre hoy en Itaipú y Yacyretá? Se puede notar que muchos “expertos energéticos” dan mucho énfasis a la deuda financiera, lo que tiene sin duda alguna importancia, pero se olvidan de lo que es mucho más importante, la soberanía hidroeléctrica, lo que será objeto de un nuevo comentario.

Aquí lo que debemos recalcar es que, desde el mismo inicio de las binacionales y hasta la fecha, los sucesivos gobiernos paraguayos, con la solitaria excepción del gobierno de Fernando Lugo, han dejado de lado, o inclusive han entregado, la soberanía hidroeléctrica nacional, a cambio de poco o nada, o, más bien, de beneficios personales o grupales (negocios, apoyos políticos). Lamentable.

* Experto en energía, con más de 20 libros publicados sobre el tema. Parlamentario del Mercosur por el Frente Guasu.