Río de Janeiro sigue ante la expectativa de saber cómo será la intervención federal de su seguridad pública decretada por el presidente Michel Temer, que hoy deberá ser votada por la Cámara de los Diputados. Las calles amanecieron sin la presencia del Ejército, dos días después de que Temer cediera el control de la seguridad a un general militar para frenar la ola de violencia que golpea el estado.


El fin de semana algunas tropas patrullaron la capital fluminense coincidiendo con la visita a Río del presidente brasileño para definir la intervención federal, pero a pesar de la presencia del Ejército las escenas de violencia se repitieron en el estado.

Un intento de asalto terminó con tiroteo en el barrio de Barra de Tijuca, un camión fue asaltado, un grupo de delincuentes explotó una agencia bancaria de la Baixada Fluminense, una pobre región de Río, y una unidad de la policía fue atacada en una comunidad de la zona norte.

El domingo, sin la presencia de militares, la seguridad fue reforzada por la policía mientras miles de personas continuaban divirtiéndose con las últimas comparsas callejeras del poscarnaval, una fiesta que esta semana se vio manchada por asaltos múltiples en algunas de las zonas más turísticas de la ciudad.

Las imágenes de violencia que marcaron el carnaval de Río de Janeiro y conmocionaron Brasil empujaron a Temer a decretar la inédita intervención del área de seguridad de Río de Janeiro, la cual deberá ahora contar con el visto bueno del pleno de Diputados.

La medida, que no puede ser modificada por el Legislativo, necesita de una mayoría simple en la Cámara de los Diputados y en el Senado para recibir luz verde, lo que podría producirse esta misma semana.

Mientras, el Gobierno y el general Walter Souza Braga Netto, el nuevo gobernador de Río en el área de seguridad, planifican la intervención federal en el estado, la cual ha recibido críticas por parte de algunas organizaciones de derechos humanos.

Los ciudadanos, entre tanto, esperan saber cuál será el alcance de la medida en un estado que vive cercado por la guerra entre bandas criminales y que dejan diariamente una media de cerca de 20 tiroteos por día.

Una vez que el decreto sea aprobado por el Congreso los militares, que ya habían sido desplegados a mediados del año pasado en Río, aunque con una actuación limitada, comenzarán a ocupar las calles.